Integrantes del Movimiento Popular por la Emancipación Social (MOPES) solicitaron ayer a través de los medios, que el ejecutivo estatal transparente el convenio que desde hace tiempo aseguran existe –pero que nadie conoce- entre este poder y la Asociación de Transportes Urbanos y Suburbanos (ATUSA), para que este concesionario maneje el proceso de credencialización para la aplicación del descuento a estudiantes.
Fernando Rodríguez, representante legal de la asociación, indicó que el 15 de marzo de 2006 se publicó en un Periódico Oficial extraordinario el acuerdo por el cual se fijó, para los municipios de Aguascalientes y Jesús María, la tarifa para estudiantes en 2.50 pesos.
En él se estableció que el estudiante debería acreditarse como tal
de manera fehaciente y que “en aras de la modernización del transporte
público, los concesionarios” deberían instalar la tecnología necesaria
para la aplicación de esta tarifa en un plazo no mayor a 120 días.
Y fue el propio ejecutivo quien señaló que “el gobierno del estado,
a través del Instituto de Educación de Aguascalientes deberá expedir,
en el mismo plazo, las credenciales de identificación de descuento para
estudiantes con los mecanismos de seguridad que garanticen la identidad
y vigencia de la calidad de estudiantes de los beneficiarios”.
Sin embargo, sostiene el representante, desde 2006 Atusa es el único
concesionario que maneja el trámite de credencialización, por ese
convenio del que, dice, nadie tiene conocimiento.
Además, la facultad del IEA de credencializar ya no está expresa en
el decreto emitido el 14 de octubre pasado, donde se actualizaron las
tarifas para todas las modalidades, pues únicamente se ordena que “los
estudiantes debidamente credencializados” sean beneficiarios del
descuento.
Los integrantes de MOPES argumentan que es ilegal que Atusa sea el
único concesionario que maneje la credencialización, pues se duplica la
función, en caso de que siga vigente que el instituto lo haga.
Además, califican de indebido el cobro inicial de 50 pesos, que por
una segunda emisión se cobren 150 pesos más y se prive a los
estudiantes de poder reponerla una tercera vez, pues puntualizan que
una concesión “no es un negocio privado” y por tanto “es una causa de
utilidad pública” con cuyo lucro lo único que sucede es que se
restringe el acceso de más 150 mil estudiantes al descuento.
Los asociados calculan un padrón de más de 200 mil estudiantes, “de
los cuales menos del 35 por ciento acceden al descuento” la vía
establecida en el decreto de 2006 y dicen que “menos de la mitad de los
estudiantes efectivamente inscritos” acceden al descuento bajo el
manejo de Atusa.
Estos estudiantes se encuentran distribuidos en todo el territorio
estatal y en cambio Atusa realiza el trámite en una sola sede (sus
oficinas), lo que a decir de los integrantes de este movimiento, ha
ocasionado que los estudiantes de los municipios del interior no sean
tomados en cuenta para el descuento.
Aunado a esto, los MOPES afirmaron que esta oficina “no está bien
atendida” y evaluaron que hay “candados que no se han destrabado”, como
son los cobros y el impedimento de reponer la credencial en caso de un
segundo extravío.
Según la última modificación a las tarifas, los autobuses urbanos
cobran 2.50 pesos a los estudiantes de Jesús María y Aguascalientes y 3
pesos a los de Pabellón.
“En ningún apartado del título de concesión, ya sea taxi, combi o
camión, está establecido que tenga la obligación de credencializar, lo
que significa que ellos se están tomando atribuciones que no les
corresponden. En este sentido, cualquiera podría demanda a Atusa por
fraude”, repercutiendo también en los funcionarios que lo han
permitido, remató el presidente de MOPES, Manuel González Velázquez.
Además de que el IEA tome el control de este trámite a través de las
escuelas, González Velázquez propuso que se implemente el sistema
electrónico de prepago, considerando que “hay condiciones tecnológicas
superiores a lo que había en 2006”, como el mecanismo que hoy utilizan
para hacer efectivo el descuento.
Explicó que este mecanismo consistiría en “una credencial prepagada
que se pudiera comprar en cualquier establecimiento fijo” y que
sanearía “la relación pasajero-chofer” y “chofer-concesionario” al
sacar el dinero de las unidades.
Señaló que el Consejo Consultivo del Transporte debe desaparecer o,
en todo caso, reformarse e incluir a usuarios de los diversos grupos de
la sociedad, como estudiantes, adultos mayores, discapacitados, etc.
También consideró necesarias políticas de transporte, que hasta hoy
son inexistentes, así como la implementación de la “multimodalidad” que
permita a los usuarios trasbordar de una ruta a otra, de una línea a
otra o de una modalidad a otra, por el pago de un pasaje fijo.
En esta propuesta se incluye el impulso a la conclusión del proyecto
de los trenes urbanos y suburbanos y el proyecto de las ciclovías.
Sobre todo, dijeron, se requiere que además de crearse, se respeten
las leyes que existan en materia de transporte y que se transformen “en
planes y programas que darían respuesta a esta necesidad”.
Finalizaron afirmando que más allá de si la ley de movilidad se
aprueba en esta administración, lo realmente necesario es que se haga
efectivo lo que propone: el uso de la credencial y el mejoramiento en
la operación del servicio.
Acusan al ejecutivo de intentar romper el diálogo
La entrevista fue interrumpida en un punto para dar a conocer, por
parte de un integrante del movimiento, que “se ha manifestado la
intención de no continuar con el diálogo” por parte del ejecutivo, pese
a que fue uno de los compromisos durante la discusión del último
incremento.
Los inconformes hicieron un llamado al gobernador para que tome
cartas en el asunto y advirtieron que aunque en las últimas discusiones
no lo consideraron necesario, en el tema de la credencialización
podrían realizar movilizaciones, pues incluso afirman haber realizado
encuestas donde la mayoría de los usuarios rechaza que sea Atusa quien
lleve este trámite.
