- Actualmente, tanto la norma federal como la estatal considera esta figura como falta no grave
- Presentarán iniciativa para que se impulse este cambio desde el Congreso de la Unión
Necesario que se reconozcan las figuras de acoso u hostigamiento sexual en las leyes de servidores públicos, actualmente son contempladas como faltas no graves por lo que no son severas las sanciones.
En la siguiente sesión del pleno legislativo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presentará una iniciativa para sancionar a los servidores públicos que realicen acoso u hostigamiento sexual. Al reconocer estas figuras en esta norma se estaría exigiendo que se atiendan y se de seguimiento a cada caso en particular.
Como está la ley actualmente, no se puede sancionar a ningún acosador que labore dentro de la administración pública, pues el acoso se contempla como una falta menor, pero se propone elevarlo a falta grave, con lo que se podría inhabilitar o suspender del cargo a los responsables e incluso se pueden imponer sanciones económicas, dependiendo de la postura del juez de la sala administrativa.
Destacó que estas son prácticas comunes en todos los ámbitos y que generalmente no son denunciadas por el miedo a represalias por parte de sus jefes. De ahí que resulte necesario fundamentar en las normas para hacer lo posible por abatir esta práctica.
“Es muy común, es un tema que yo traté en el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), cuando fui titular, nos quedábamos en el límite porque la contraloría no podía sancionar a estas personas pues no había una fracción de acosadores u hostigadores sexuales en la ley”, detalló la funcionaria.
Detalló que, si es que se aprueba esta ley en el pleno legislativo, se mandará a la cámara baja del Congreso de la Unión para que se hagan los cambios en la ley general y posteriormente presentar una iniciativa para homologar la ley local.
Enfatizó que no se podría presentar la iniciativa para hacer los cambios únicamente para la ley local pues, al no ser reconocida en la ley general, podría ser declarada como inconstitucional.
