APRO/Alejandro Gutiérrez
El gobierno de España dio luz verde a un proyecto de ley que plantea llevar la interrupción voluntaria del embarazo a la sanidad pública, y elimina la exigencia del consentimiento de los padres para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar.
Por primera vez en Europa, este proyecto de ley plantea los derechos a la salud menstrual, al proponer la baja laboral en caso de una regla que provoca dolores incapacitantes.
Esta ley “habla muy bien del movimiento feminista”, porque da respuesta demandas de las mujeres. “La vida de las mujeres va a ser mejor y nuestras hijas van a tener más derechos”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde cuyo departamento se trabajó en la reforma de ley.
Y añadió: según el proyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, “somos el primer país de Europa que reconoce la salud menstrual. Garantizamos que nuestras hijas van a crecer en un país mejor, más democrático y más libre”.
Esta baja por menstruación incapacitante será tramitada como una incapacidad temporal especial, se solicitará en el médico familiar, no tendrá límite de días y el costo de esta baja será asumida por el Estado español del primero al último día con el fin de evitar “la estigmatización” de la mujer.
En el tema del aborto, la propuesta de ley que iniciará su tramitación en el Congreso, contempla la baja incapacitante por aborto.
Elimina la obligación de un período de reflexión de tres días para reafirmarse en la decisión de abortar.
La objeción de conciencia estará garantizada como un derecho individual del personal médico y sanitario, pero propone un registro de objetores de conciencia, con el propósito de que todos los hospitales cuenten con el personal disponible para garantizar el derecho de las mujeres al aborto.
La sanidad pública financiará los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después, además de que se distribuirán métodos anticonceptivos en los centros escolares en las distintas campañas de forma gratuita.
La propuesta de ley aprobada por el Consejo de Ministros eliminó dos aspectos que había propuesto la iniciativa de la ministra Montero, uno fue la reducción del IVA para los productos de higiene femenina (compresas o tampones, por ejemplo), y la persecución penal contra las personas que recurran a la gestación subrogada fuera de España.
