- Será resuelto por la siguiente legislatura, señala secretario general
- Lo acusan también de uso de documentos falsos y mal uso de la función pública
El Ministerio Público local envió ayer al Congreso del estado una solicitud de juicio de procedencia en contra del síndico de Hacienda del ayuntamiento capitalino, Joel Castañeda Guerrero, derivada de la demanda interpuesta por el alcalde Adrián Ventura, por presunta falsificación de su firma en la compra de cuatro vehículos.
Francisco Ramírez Martínez, secretario general del legislativo local, informó que en el documento, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “pide que se inicie este juicio en virtud de hechos punibles (…): falsificación de documentos, uso de documentos falsos y uso indebido de la función pública”.
Explicó que de acuerdo con la legislación aplicable, no será esta legislatura quien determine el desafuero del funcionario municipal.
“Esta secretaría general dará cuenta a la mesa directiva de la diputación permanente y una vez que conozca de acuerdo a la ley, la habrá de turnar a la comisión de justicia. La comisión de justicia, una vez que reciba el expediente, lo examinará y citará al procurador a efectos de que ratifique y exponga lo que considere pertinente y al mismo tiempo se citará al funcionario imputado a efectos de que se le dé a conocer el contenido de la averiguación previa”, expuso.
Según se dio a conocer, en la denuncia presentada a inicios de mes Adrián Ventura Dávila sostiene que el síndico podría haber falsificado su firma para que apareciera como aval en el pago de más de 1 millón de pesos por la adquisición de vehículos.
Ramírez Martínez indicó que, si la comisión de justicia del legislativo lo considera procedente, se iniciará un juicio a prueba contra Castañeda y con base en las pruebas que se le presenten, dictaminará a más tardar en los 30 días siguientes si conserva o no el cargo en el municipio de Aguascalientes que no le permite ser sometido a juicio.
Ese dictamen se presentará al pleno y para que en efecto se le quite esa prerrogativa al síndico, deberá ser aprobado por mayoría calificada; es decir, al menos 18 votos en el mismo sentido. Hasta que la separación del cargo sea aprobada, la averiguación previa será consignada a un juzgado penal.
El año pasado la comisión de justicia desechó la solicitud de juicio de garantías que los diputados Nora Ruvalcaba, del PRD; Juan Gaytán, del PVEM y Vicente Pérez, de Convergencia, hicieron en contra del entonces presidente municipal y hoy diputado electo, Gabriel Arellano Espinosa por irregularidades en la adquisición de un software y otras que presuntamente se dieron mientras él encabezaba la administración.
