- Pide 75 millones más para segunda etapa de las que inició este año
- Lo informado al legislativo federal difiere de lo que se dijo al local en la glosa del Quinto Informe
Sin que estén concluidas las casetas de los accesos norte y sur al estado y a pesar de haber gastado en ellas más de lo proyectado en 2009, el gobierno del estado solicitó a la federación, dentro de los proyectos a contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, recursos para iniciar la primera etapa de otras tres casetas de control de acceso, cuya ubicación no precisa.
La presentación de requerimientos entregada por los gobernadores constitucional y electo a la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados federal contiene, en el rubro de seguridad pública, tres proyectos en los que se pretende invertir 255 millones de pesos. La primera etapa de estas garitas necesita 150; es decir, casi el mismo costo por una que por las ocho que se habían proyectado este año.
“La construcción de tres casetas más resulta indispensable, pues de nada serviría haber concluido las casetas norte y sur, ya que no sería suficiente la cobertura de seguridad requerida conforme la estrategia indicada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado”, argumentó el Ejecutivo.
El objetivo de cada garita, justificó, es “cerrar al estado en los casos que exista algún hecho o contingencia delictiva” y “monitorear permanentemente mediante el empleo de altas tecnologías (…) vehículos sospechosos de transportar droga, indocumentados, armamento o cualquier otra carga ilícita”.
Además de estas nuevas, el gobierno de Aguascalientes solicita 75 millones para la segunda etapa de las puertas norte y sur, en las que de acuerdo con las declaraciones del secretario de Obras Públicas ya se han invertido al menos 125 millones de pesos, aún cuando en el Presupuesto de Egresos de este año publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) se etiquetaron 80 de los 390 millones de la última deuda que contrató el Ejecutivo estatal con aval del Congreso para la construcción de ocho casetas de acceso.
Sin que a la fecha se haya publicado una errata de ese decreto, el mandatario estatal y los titulares de las dependencias involucradas en el proceso han asegurado en diversas ocasiones que se informó esa distribución por error, pues originalmente sólo se contemplaban las dos iniciadas.
En el documento entregado a la Cámara baja, el gobierno del estado argumenta que “La finalidad del proyecto es reducir el riesgo de inseguridad (…), limitando el acceso a posibles delincuentes y por consecuencia al tráfico de droga y armamento. La obra en proceso cubre el 55 por ciento de las acciones del total, por lo que es indispensable invertir en la terminación de la obra para otorgar la seguridad esperada por la sociedad”.
La información ahí presentada a los legisladores federales difiere de lo que el secretario de Obras Públicas respondió a los locales durante su comparecencia en la glosa del quinto informe de gobierno, el 21 de enero de este año, cuando aseguró que la caseta del norte estaba concluida y se habían invertido en ella 78 millones 670 mil pesos.
Y parece incompleta en cuanto al equipamiento y población beneficiaria (toda la del estado), pues mientras en la solicitud al legislativo federal mencionan que tendrán “escanners y cámaras de video” y beneficiarán a un millón 65 personas, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) informó el 16 de agosto, durante la inspección a la puerta norte, que serían un millón 200 mil personas y que las garitas incluirían “cubiertas de revisión, postes para cámaras, red sanitaria, hidráulica y pluvial; instalaciones de voz y datos, vialidades y plazas, superpostes, muros de contención, cuarto eléctrico, cuarto de máquinas, alumbrado general y cisterna”.
Los proyectos de seguridad pública para 2011 contemplan también la “construcción de cinco subcomandancias para la policía estatal”, edificios que tampoco indica dónde se situarían más allá de “a lo largo de todo el estado a fin de eficientar los tiempos de respuesta ante emergencias” y con el objetivo de “brindar a los ciudadanos la certeza de que cuentan con un lugar donde los cuerpos policiacos de los municipios atenderán sus necesidades de seguridad”.
