- Se conformó equipo especial para atender recomendación sobre casos de tortura
- En vías de judicializarse casos de funcionarios de diversas dependencias
El titular de la Fiscalía General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, informó que ya está conformado el equipo especial para investigar a los 7 funcionarios de este ente denunciados en la recomendación de la CNDH y el informe de la ONU-DH sobre los hechos de tortura ocurridos entre los años 2010-2014, y aseveró que en su dependencia no hay intocables.
“Ya se tienen ubicados a siete de los involucrados con la tortura. Son siete personas, algunos son agentes investigadores y otros ministerios públicos”, detalló el fiscal, al recordar que desde su llegada al cargo en el 2018 comenzaron las denuncias en este sentido, y que ahora con las recomendaciones de la ONU-DH se llevan a cabo las indagaciones.
Aseguró que el informe que expidió la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos (ONU-DH) sobre la práctica sistémica de la tortura en Aguascalientes ocurrida entre 2010 y 2014, solo señala a 7 funcionarios, quienes “trabajan en Fiscalía y no se les puede separar del cargo para no afectar su estabilidad laboral”.
En otro momento, el fiscal observó que las investigaciones realizadas por la ONU-DH están muy apegadas a las presentadas en el 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a los casos, por lo que se habrá de profundizar en cada uno de ellos. Aseguró también que la Fiscalía cuenta con los perfiles necesarios para ello; además de que se protegerán a las víctimas con los instrumentos con los que cuentan, como las órdenes de protección necesarias para su seguridad.
Figueroa Ortega expuso que fuera de las recomendaciones de ONU-DH, la Fiscalía ha recibido otras denuncias contra los funcionarios de la dependencia, por utilización de la fuerza de manera indebida, por ejercicio indebido de sus funciones, o por tortura, “tenemos otros casos que se tenían ya antes, y estamos a punto de judicializar algunos de ellos”.
Explicó que la sanción a la que se pueden hacer acreedores es lo que marca la ley, “pero también estamos en el análisis de que no podemos en automático separarlos de su cargo, como no lo hacemos con cualquier otro servidor público que tienen denuncias.
“No son los únicos que tienen denuncias, hay empleados municipales, empleados estatales y no se va a pedir que se les separe del cargo por la presunción de inocencia y no afectar su estabilidad laboral”, insistió, al exponer que esto se hace hasta que se tenga un asunto concluido, pues la investigación es compleja y será hasta que un juez o ministerio público solicite la separación (del cargo), “ahorita no estamos en esa facultad”.
