- La autoridad puede retrotraer el aumento por incumplimiento
- Pésimo servicio ante la complacencia de las autoridades
La modernización del Transporte Público es letra muerta, y quienes sufren las consecuencias de un transporte deficiente son los usuarios, con la complacencia de las autoridades en el Gobierno del Estado y el beneplácito de los concesionarios.
El pasado mes de julio del 2010, fue publicado en el Diario Oficial del Estado el Acuerdo de Ajuste de Tarifa en el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la Modalidad de Urbano y Suburbano, donde oficializaba el costo de 6 pesos, una vez que se conformó el Fideicomiso que aseguraba el mejoramiento de las unidades y un servicio con trato de excelencia.
La modificación se hizo al Artículo 600, Fracción VI del Código Urbanjo del Estado, al emitirse un acuerdo administrativo por el cual se autorizó el aumento parcial a la tarifa del transporte urbano y suburbano en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, acuerdo que se encuentra vigente y advertido en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 14 de octubre del 2009.
Quedó establecido el compromiso de que la Asociación de Transportistas Urbanos y Suburbanos (ATUSA), crearía un Fideicomiso con el objetivo de modernizar integralmente el transporte público.
Por ello, se autorizó un ajuste de 50 centavos al costo del pasaje, donde 25 centavos van al patrimonio del Fideicomiso. La tarifa se fijó en 6 pesos por viaje sencillo, y los estudiantes quedaban exentos del incremento.
Según el acuerdo, el 19 de febrero del 2010, ATUSA acreditó haber celebrado el Fideicomiso con el Banco del Bajío, lo cual fue certificado por la Dirección General del Transporte Público.
El acuerdo señala que el incumplimiento del acuerdo podría derivar en volver a la tarifa previa, y textualmente señala: “en caso de que derivado de las revisiones de la autoridad competente se determine que se dejan de cumplir con los requisitos para el cumplimiento de los fines y objetivos del Fideicomiso, la autoridad competente iniciará los procedimientos para retrotraer la tarifa autorizada por este acuerdo administrativo”.
De esta forma, ahora la autoridad tiene los elementos suficientes para exigir la prestación de un servicio de calidad, tal y como lo merecen los usuarios de Aguascalientes.
