Las diferentes estrategias de seguridad en México, implementadas por los más recientes gobiernos presidenciales, han resultado insuficientes para erradicar, o al menos contener, la grave situación de violencia que por años se vive en el país.
Una de las expresiones de inseguridad más evidentes y urgentes es la violencia de género. Desde la puesta en marcha de la Guerra contra las drogas por el expresidente Felipe Calderón, los casos de feminicidio han aumentado de forma considerable.
Un pilar en los planes de las recientes administraciones federales para atender esta situación es la militarización. De forma progresiva, las corporaciones castrenses del país — la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina — han acaparado más labores, destacando la seguridad pública, que ordinariamente corresponde a los cuerpos de policía.
Militarización y asesinatos de mujeres
La militarización en México está relacionada con el incremento de la violencia de género, sobre todo de feminicidios. La actividad de agentes militares en las calles, el incremento en la circulación de armas de fuego y los enfrentamientos constantes con grupos criminales han afectado de forma directa la integridad física de las mujeres, poniendo en riesgo su vida.
De acuerdo con el informe Las dos guerras: el impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018), las estrategias de militarización no han logrado disminuir efectivamente la violencia en el territorio nacional y, por el contrario, han contribuido a incrementarla.
El reporte, publicado por Intersecta, destaca que los enfrentamientos entre autoridades militares y grupos del crimen organizado están ligados con el aumento de homicidios, tanto de hombres como de mujeres. No obstante, cabe señalar que los asesinatos de mujeres muestran un crecimiento sostenido después de estos eventos.
“Según nuestras estimaciones de los 4,892 enfrentamientos ocurridos entre 2007 y 2018, por cada enfrentamiento adicional de la SEDENA, los asesinatos de las mujeres, a tres meses de los enfrentamientos, incrementaron en promedio en un 2.12%; en el caso de los enfrentamientos de la SEMAR, el aumento estimado de los homicidios de las mujeres fue del 12.5%“, señala el mencionado informe.
Además, la organización encontró que en el corto plazo los homicidios de mujeres ocurren principalmente en la vía pública y con armas de fuego. Un año después de los enfrentamientos también incrementan los casos de violencia contra esta población, ahora en sus domicilios. Con los datos analizados, encontraron una relación directa entre la actividad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la crisis de feminicidios.
“Por eso afirmamos que la crisis que vivimos, una crisis que ha provocado que maten, en promedio, a 10 mujeres al día, no puede entenderse sin considerar la militarización de la seguridad pública“, se lee en el reporte.
Armas de fuego y violencia de género
Otro documento que da cuenta de las terribles consecuencias de la militarización para las mujeres es Violencia de género con armas de fuego en México, hecho por Intersecta, Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos. En esta publicación colaborativa se expone otro elemento clave para entender la violencia de género en México.
Las estadísticas muestran que en el año 2000, tres de cada 10 homicidios de mujeres se cometían con arma de fuego. Para el 2018, este número pasó al 57.1%, es decir, prácticamente se duplicó la tasa de asesinatos de este tipo.
La violencia feminicida siempre ha estado presente en la sociedad mexicana. Con el paso del tiempo, esta ha ido cambiando y aumentando, siendo un factor importante para este fenómeno la estrategia gubernamental de seguridad.
Antes del 2007, la mayor parte de mujeres asesinadas eran víctimas de asfixia o agresiones dentro de sus hogares. A partir de ese año, el riesgo que corren en las calles incrementó, pues los feminicidios en la vía pública con arma de fuego acrecentaron. Los asesinatos en el ámbito doméstico con armas de fuego siguen esta misma tendencia.
El despliegue de efectivos castrenses para realizar tareas de seguridad pública está relacionado con una mayor circulación de armamento. Gran parte del mercado de armas es ilegal, impulsado por el crimen organizado. Los enfrentamientos entre grupos delictivos y militares han provocado una espiral de violencia, sobre todo de género.
Feminicidio de Naomi Nicole
La Guardia Nacional fue ideada originalmente como una organización de carácter civil y policial. Esta sería una alternativa a la política de militarización de otros sexenios, pero en realidad ha probado ser una continuación.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha impulsado la presencia de las fuerzas armadas en la vida cotidiana del país. El presidente pretende que la GN pertenezca formalmente a la Sedena, con los riesgos que esto conlleva, como se ha demostrado previamente.
Si bien los datos expuestos dejan clara la relación entre militarización y violencia de género, no podemos dejar pasar los acontecimientos donde las fuerzas armadas han sido directamente responsables de feminicidio.
En 2020, dos elementos de la Sedena asesinaron a una mujer trans en la Ciudad de México. Naomi Nicole fue víctima de un homicidio tipificado como crimen de odio, específicamente transfobia, según la sentencia del juez que dictaminó una pena de 23 años y 9 meses de cárcel para los responsables
Ella era una mujer migrante, originaria de Chiapas, y trabajadora sexual. Aparentemente, los dos hombres querían contratar sus servicios, sin embargo al notar que era mujer trans la golpearon y asesinaron. Además, amenazaron con arma de fuego a los testigos del delito, para luego intentar huir.
Este feminicidio es una muestra de la violencia directa que han ejercido las fuerzas armadas del país. Si bien este caso llegó a una sentencia condenatoria, es necesario mencionar la impunidad con la que frecuentemente actúan los miembros de cuerpos militares, agravando aún más la crisis de inseguridad para las mujeres de este país.
La información presentada deja claro que la presencia de elementos castrenses en calles para realizar tareas de seguridad pública es completamente perjudicial. Esta estrategia es un riesgo para la integridad de las mujeres de este país, agravando la violencia que lamentablemente viven de forma cotidiana.
