- El Poder Judicial desestima creación de dos comités penales
Con el comentario del Poder Judicial que “estima que no existe justificación para la existencia de dos comités para la implementación del nuevo sistema penal” en Aguascalientes y el hecho en sentido opuesto por el Ejecutivo, la comisión de justicia en el Congreso local decidió mantener en discusión y análisis el proyecto de ley para implementar el sistema de justicia penal acusatorio, que fue propuesto por su presidente, Enrique Rangel, desde septiembre de 2009.
A grandes rasgos, la iniciativa plantea crear un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de “establecer los mecanismos para realizar los estudios, actividades, proyectos, análisis, negociaciones e implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el estado de Aguascalientes”, aún cuando por decreto del Ejecutivo ya existe un comité estatal encargado de la coordinación de los trabajos para implementarlo y que está integrado por el secretario general de gobierno, el procurador general de Justicia, el secretario de seguridad pública y el director del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, además de dar participación al Legislativo, Judicial y a derechos humanos.
En cambio, el organismo planteado agrega a tres diputados, el titular del Supremo Tribunal de Justicia del estado, presidentes municipales, académicos y un secretario técnico; aún así, las observaciones del Ejecutivo fueron que “complementa” lo dispuesto en su decreto y por tanto es “acertada”; es decir, el organismo no extingue al comité estatal.
El objetivo de crearlo es, a decir de Rangel Jiménez, bajar recursos que la federación tiene para aplicarse a la capacitación e infraestructura que las entidades requieren para cumplir con el ordenamiento de modificar completamente el sistema de justicia penal actual a más tardar en 2016.
La reforma pude aplicarse por materia o por zonas; en el caso de Aguascalientes, la intención es aplicarla en materia de narcomenudeo, iniciativa de ley que fue presentada hace unos meses, que continúa en comisiones y que debe entrar en vigor a más tardar el 20 de agosto de este año. Para ello se requeriría crear un juzgado en el Poder Judicial y una fiscalía en el Ministerio Público (MP), ambos especializados en comercio de narcóticos en menor proporción; sin embargo, la implementación de este sistema no se previó en el presupuesto de egresos de este año.
Además, implicaría reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y por tanto repercutiría en otras iniciativas pendientes, como la de emancipar el MP del ejecutivo.
Ante la duda de la viabilidad de crear este organismo burocrático, los legisladores acordaron invitar al magistrado Fernando González de Luna, encargado de la sala penal del Supremo Tribunal de Justicia local, para escuchar más a fondo la justificación de sus comentarios, lo mismo que a otros funcionarios que se verían o que ya están implicados en la implementación de la reforma designada a nivel federal.
