- La Fiscalía aseguró que ya se tienen varias investigaciones abiertas contra siete funcionarios públicos señalados.
- Víctimas niegan avances.
Familiares y víctimas de prácticas de tortura realizadas por servidores públicos y policías ministeriales en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, cuando Felipe Muñoz Vázquez era el titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, acusan de no ver avances en las investigaciones en contra de los torturadores, quienes hoy siguen libres, después de haber cometido actos que vulneraron los derechos humanos de decenas de personas.
Hace poco más de un mes, la oficina de la ONU-DH en México publicó y difundió el informe Hasta perder el sentido, un informe donde se consignaron e investigaron distintas prácticas de tortura cometidas entre el 2010 y el 2014 en Aguascalientes; ese documento se conformó por declaraciones y testimonios de al menos 40 personas que fueron víctimas de tortura para imputarles un delito que no habían cometido. Los autores de estos crímenes fueron, se asegura, funcionarios públicos adscritos a la Procuraduría de Felipe Muñoz, e incluso se afirma que en algunos casos de tortura funcionarios de “alto mando” estaban presentes.
Desde entonces corrió la impunidad y, a la fecha, aún cuando se iniciaron nuevas investigaciones y ya con todos los avances y pruebas que se tienen, no hay represalias.
Después de la presentación de ese informe la Fiscalía de Aguascalientes, al mando de Jesús Figueroa Ortega, confirmó que iniciarían investigaciones contra algunos funcionarios públicos que presuntamente estuvieron detrás de estas prácticas y que aún siguen en el servicio público.
Sin embargo, a más de un mes de la presentación del informe, realmente no se han tenido avances substanciales, según afirman víctimas y familiares de las y los sobrevivientes de tortura.
“No vemos ningún avance, toda la impunidad del mundo, porque no hay avances en la Fiscalía”, dijo Felipe Hinojo, uno de los familiares. También comentó que las víctimas ya han señalado quiénes fueron algunos de los servidores públicos que cometieron estos actos de tortura, y aún así, no se les ha logrado dar una sentencia.
Al contrario, 30 de las 40 sobrevivientes a tortura seguían, hasta cuando se publicó el informe de la ONU-DH, encarceladas por los delitos que se les obligaron aceptar. Desde que se publicó todo el exprocurador Felipe Muñoz Vázquez no ha respondido nada.
