- Le daría firmeza que tienen la UAA, el IEE y la CEDH
- La entidad, uno de los pocos estados que no lo ha hecho
Como cualquier organismo público autónomo, es necesario que el Instituto de Transparencia del estado (ITEA) esté contemplado en la Constitución local, señaló el comisionado presidente de ese instituto, Octavio López Rodríguez, explicando que esto serviría “para garantizar, sobre todo, su autonomía, su independencia del poder, de decisión e independencia financiera”.
A tres años de la creación del instituto, López Rodríguez afirmó que “en Aguascalientes no está elevado a rango constitucional”, sino que queda establecido con las características organismo público autónomo con sólo en la Ley de Transparencia que se promulgó en 2006 y, aunque esto no significa ningún incumplimiento o desacato, implica que no tenga la consistencia con que cuentan instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), el Instituto Estatal Electoral (IEE) o la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La modificación no afectaría las facultades del organismo, sino que le daría “la adecuada forma jurídica legal”, pues tiene más peso y es más difícil impugnar la Constitución que la ley de transparencia; sin embargo, al no estar facultado el ITEA para ello, es el Congreso del estado o el Poder Ejecutivo quien debe promover la iniciativa de reforma; sin embargo, hasta ahora ninguno parece haber puesto atención en este sentido.
Así, Aguascalientes es una de las pocas donde no con Constitución no empatada en este aspecto con la federal, mientras que la mayoría de las entidades sí tiene institutos de transparencia elevados a ese rango.
El titular del instituto puntualizó que “a raíz de la reforma constitucional (al artículo sexto) -que entró en vigor en 2008- ahí se establece la creación de organismos públicos autónomos especializados en la materia y por ende obliga la propia Constitución federal deriven de reformas a las constituciones locales” y consideró que la situación del estado tal vez se deba a que “en el tiempo que fue analizada la ley que está vigente, a lo mejor por falta de tiempo de la otra legislatura, pues no se tomó en cuenta que habría que elevarlo a rango constitucional”.
Rechazó que al no ser así exista un riesgo para el instituto, que “está funcionando” como un órgano individual, con poder de decisión, etcétera, conforme la nueva ley de transparencia, que fue la quinta en el país y vino a abrogar una ley promulgada en 2002.
a“Esa era una ley con serias deficiencias porque te pedía acreditar tu nacionalidad para tener acceso, te pedía una identificación, no existía órgano garante, las obligaciones públicas de oficio eran 10 obligaciones…”, comentó, señalando que además contemplaba pocos mecanismos para que la ciudadanía la conociera y no contenía el sistema electrónico como vía para el acceso a la información.
