- Denuncian legisladores que, en algunos centros, hay hacinamiento y menores de edad sufren desnutrición y problemas de salud
La Comisión Permanente solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia un informe sobre los insumos que entrega a los Centros de Asistencia Social en las 32 Entidades Federativas.
En un dictamen que aprobó la Asamblea el pasado 17 de agosto, la Permanente pidió información sobre los objetivos realizados y recursos ejercidos en los Programas de Rehabilitación a cargo de los Centros de Asistencia Social, desde el año 2020 a la fecha.
Al presentar el dictamen, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge destacó que niñas, niños y adolescentes se encuentran en dichos espacios por diferentes motivos, entre los cuales la orfandad, el abandono, violencia intrafamiliar, carencia de cuidados parentales, falta de recursos económicos y abuso sexual, por lo que esos menores, agregó, carecen de un entorno familiar.
El documento indica que, en el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el informe especial sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados, en el que estimó que cerca de 33 mil 118 infantes estaban bajo la protección de 875 casas hogar, albergues, refugios públicos y privados en todo el país.
El dictamen subraya que 184 adolescentes hombres, 105 mujeres, 50 niños y 28 niñas habitaban una casa hogar en condiciones de hacinamiento, con alimentación nula o precaria y antisepsia generalizada, y varios presentaban lesiones, desnutrición y mal estado de salud.
Las y los legisladores destacaron que dichas cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social registrado y documentado desde hace al menos dos décadas: la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que, por diversas causas, carecen de un entorno familiar.
Además, hay casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor en los espacios de asistencia social, cuyo origen radica en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes, señalan en el dictamen.
Al respecto, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, de Morena, pidió que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 se consideren recursos suficientes para la infraestructura y para capacitar al personal, “para concretar las medidas previstas por las legislaciones locales en materia del derecho supremo de menores que residen en dichos centros”.
