La senadora Martha Márquez aterrizará este tema en el Senado para señalar por qué se trata de una propuesta que vulnera el derecho a la manifestación.
Marchas por la paz, para exigir justicia o para conmemorar el día internacional de la mujer podrían verse restringidas.
Autoritaria e inconstitucional, esas fueron las palabras con la que la senadora Martha Márquez Alvarado calificó la iniciativa para reformar la Ley de Manifestaciones Públicas propuesta por el diputado Enrique García López de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ya que esta vulnera el derecho a la manifestación libre de las y los ciudadanos de Aguascalientes.
En conferencia de prensa, la excandidata a gobernadora de Aguascalientes y expanista, mencionó que “no es posible que se quieran restringir los derechos, violar los derechos fundamentales a la manifestación, a la libertad de expresión” y por tanto pide a los diputados que conforman la LXV legislatura que razonen su voto para que esta iniciativa no se apruebe.
Mencionó que como senadora aterrizará este caso en la cámara alta del Congreso de la Unión a través de un punto de acuerdo para visibilizar lo que se pretende con esta iniciativa, criticada también por diversas asociaciones civiles porque significa un retroceso en materia de derechos humanos.
“Lo que estaré haciendo en el Senado de la República es presentar un punto de acuerdo de urgente resolución, no para que se analice de manera correcta esta iniciativa, sino para que simplemente se eche abajo porque tiene ya muchos vicios de origen”, comentó durante su rueda de prensa.
Por ejemplo, destacó que la iniciativa especifica que las manifestaciones públicas en el estado sólo se pueden realizar siempre y cuando no sean contrarias a las “buenas costumbres”. Dicho término, agregó, “ya genera un vacío jurídico, porque no hay una forma legal para determinar a qué se hace referencia cuando se habla de moral y buenas costumbres”.
Complementó su argumento haciendo referencia a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se señala que términos como “moral” y “buenas costumbres”, en realidad pueden constituir “restricciones legítimas a los derechos fundamentales, por lo que aquello que el imaginario colectivo entiende como moral o buenas costumbres no puede identificarse con las normas culturales”.
¿Qué pasaría si esta ley se aprobara?, cuestionó Martha Márquez, y respondió diciendo que las marchas pacíficas y manifestaciones estarían limitadas al criterio de las autoridades.
“Este tipo de iniciativas fomentan la discriminación, el prejuicio y la intolerancia, más allá de fomentar el respeto, la inclusión, la pluralidad de ideas y opiniones, lo que ocasiona es que los grupos minoritarios tengan cada vez menos mecanismos para poder actuar o exigir sus derechos”, concluyó.
