- Esta acción se olvida del interés superior de la niñez y, en cambio, busca solapar estas actitudes
- Esperan que esta acción no afecte el proceso legislativo de la iniciativa local, piden a diputados que la atiendan
Esta semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad por la Ley 3de3 contra la violencia de género que este mes entró en vigor en Yucatán. Esta norma establece que no podrá ostentar un cargo público aquella persona que sea deudor alimentario.
En junio, la diputada Sanjuana Martínez Meléndez presentó la iniciativa que está en el mismo sentido la cual aún se encuentra en comisiones en espera de ser dictaminada y se esperaría que esta acción no afecte el proceso legislativo de esta, declararon un grupo de activistas que se manifestaron ayer afuera del Congreso del Estado.
Mabel Haro Peralta, presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, opinó que esta acción de inconstitucionalidad no considera aspectos fundamentales como el interés superior de la niñez y de las mujeres que están sufriendo de violencia económica pues con medidas de este tipo podrían garantizar el cumplimiento de esto.
Señaló que la propuesta no pretende truncar aspiraciones políticas, es una estrategia legal para que cumplan con las pensiones. Sino lo que busca esta iniciativa es que por medio de una sanción de este tipo se logre tener una reparación del daño a las víctimas. Afirmó que en la mayoría de los casos herramientas como estas sería la única vía en la que se podría recibir esta pensión.
Insistirán a los diputados para que sigan con esta iniciativa y que las acciones de la CNDH no lleguen a frenar esta propuesta, esperan que a la brevedad se dictamine ésta iniciativa a favor.
