- Si la medida es retroactiva, saldría el 80% de PPL en el CERESO de Aguascalientes
- Aumentaría significativamente el trabajo de los jueces
El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló necesario clarificar la propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación respecto a la desaparición de la prisión preventiva; es decir, si se trata de los hechos delictivos que se cometen a partir de cierta fecha hacia adelante o si habrá de aplicarse con efecto retroactivo, lo sí cual sí representaría un fuerte impacto, “prácticamente generaría que todos los jueces de control que habían fijado las prisiones preventivas las dejaran sin efecto y en automático en los CERESOs, por ejemplo aquí en el de Aguascalientes, se daría salida a una población de cerca del 80% “.
Expuso de esta manera que de la población total del Centros de Reinserción Social varonil de personas privadas de su libertad (PPL), en este momento 80% se encuentra a la espera de una sentencia bajo esa figura preventiva.
“Si la medida fuera retroactiva, de otra manera se aplicaría a quienes cometan hechos delictivos después de esa reforma. Considero que entonces será necesario ir analizando de caso por caso, dado que se debería justificar algún otro supuesto de prisión preventiva justificada”.
Recordó que esta propuesta tiene origen en la SCJN, misma que determinará cómo y cuándo se aplicará esta medida, “lo que sí puedo yo asegurar es que, si es con efecto retroactivo o si es una decisión que tome la Corte para que se quede sin efecto, eso habrá que esperar precisamente a conocer la resolución, pero sí afectaría al menos el trabajo de los jueces y evidentemente para todos los que estamos involucrados en el sistema, porque nosotros tendríamos que estar asistiendo a todas las audiencias en donde se queda sin efecto la prisión preventiva y ver qué tipo de medidas se les va a imponer en lugar de la prisión preventiva”.
Para diciembre del 2020 la población total del CERESO varonil de Aguascalientes, El Llano y el femenil era de 1721. Con fecha de corte al 21 de junio del presente año, la población total es de 1988, representando un aumento del 13%. El CERESO varonil en Aguascalientes es donde se tiene una mayor población, pues aunque su capacidad instalada es para tener el resguardo de 1,123 personas privadas de su libertad, actualmente se tienen 1,311. De las 1988 personas privadas de su libertad, sólo el 57.4% ha recibido una sentencia, según señalan datos estadísticos de la Dirección General de Reinserción Social.
Mientras que para el Gobierno y la Fiscalía General, acotar o eliminar la prisión preventiva es quitar armas para combatir el crimen, en el proyecto del magistrado de la SCJN, Luis María Aguilar, expone que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma automática porque violan los principios jurídicos de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones.
A consideración del magistrado, se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito, lo que hace que muchas personas estén en la cárcel durante años antes de ir a juicio y recibir una sentencia, lo que observa como un acto contra los derechos humanos, además de que la mayoría de esas personas están en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada.
