- Pero también “hay cada espécimen caminando por la calle” (sic.) que irrespeta la ley
- En lo que va del año, han motivado más de 10 quejas por mes y han obstaculizado visitadurías
Las corporaciones policíacas de Aguascalientes son las principales violadoras de los derechos humanos, de acuerdo con el informe del primer trimestre que el Ombudsman local, Omar Williams López Ovalle, presentó ante la comisión legislativa en la materia en el Congreso local.
Según el documento que se entregó a los medios durante la reunión, a la fecha se han registrado 63 quejas, de las cuales “44 fueron generadas por los policías” y se han emitido seis recomendaciones relacionadas con el rubro. Al respecto López Ovalle comentó que “esto nos habla de casi 30 por mes (…) de que hay problemas en materia de seguridad” y se refirió a la situación como “una problemática social sui generis”.
Señaló además que con motivo del Comité Internacional contra la trata y la tortura, a cargo de la CNDH, recientemente se llevaron a cabo visitadurías a los centros de detención municipales “y el que más chafita está hoy en día es la ministerial” (sic.), acusando que entre otras irregularidades, se observó que tienen a los detenidos hacinados en una celda, en tanto que utilizan otras a manera de bodega.
Sobre esta policía, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunció que se impidió la entrada a otra de las áreas del edificio que se pretendía revisar argumentando los responsables que “aquí no entran, aquí no hay nada” y poniendo a “dos orangutanes” armados para custodiar el lugar. El titular de la comisión esperó encontrar apertura de la corporación para culminar las revisiones.
El reporte señala que de las seis recomendaciones “cuatro fueron para el municipio de Aguascalientes, una más para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Seguridad Pública de Jesús María”. Afirma que las hechas al ayuntamiento capital “estuvieron relacionadas con el desempeño de elementos y funcionarios de la secretaría (…) por violaciones como: la libertad, a la legalidad, a la integridad física y a la seguridad jurídica”.
Al área de reeducación social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE) se le giró recomendación por “violación al derecho a la integridad física y salud” por poner trabas a un interno para asistir con el médico. A la corporación de Jesús María, por “violación al derecho a la igualdad, por tratar de quitar el coche de la quejosa de un lugar prohibido para estacionarse y permitírselo a otras personas”.
La CEDH informó también de tres medidas cautelares “que tuvieron por objeto el poner a salvo los derechos de ciudadanos que se vieron amenazados por la actuación de las autoridades” del municipio de San Francisco de los Romo, la dirección de reeducación social del estado y el ayuntamiento de Tepezalá.
Los motivos: maltrato policial tras reportar a los elementos; negación de un medicamento urgente a un interno que padece asma, enfermedad cardíaca y desprendimiento de retina por falta de presupuesto y detención de vehículos sin levantamiento de acta de infracción y su remisión a la pensión municipal con grúas particulares.
En entrevista aparte, el defensor de los derechos humanos en Aguascalientes aseguró que las autoridades “por fortuna nos hacen caso” cuando reciben las recomendaciones, pero apuntó que “no debemos de decir que todos los policías son malos, también hay ciudadanos que lo que menos tienen es respeto a la ley y cada espécimen que anda ahí caminando por la calle, que dios guarde la hora”.
