- Prisión preventiva justificada representará retos a juzgadores
- Privilegiará la presunción de inocencia y el apego a tratado internacionales
Luego de que el próximo 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina si habrá de ser eliminada o no la prisión preventiva oficiosa, el Poder Judicial del Estado habrá de acatar la disposición y prepararse para ello, señaló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, Juan Rojas García, quien celebró que en la Corte se hayan decidido a tratar este tema con “mucho arrojo”, al considerar que se debe hacer valer el principio de presunción de inocencia, aunque también representará otros retos, principalmente para los juzgadores.
Reconoció que la utilización de la prisión preventiva es recurrente, lo que ha provocado la saturación de los Centros de Reinserción Social del estado, pues aunque haya pruebas suficientes o no, son muchas las personas que siguen su proceso privadas de su libertad; pues además es necesario atender el reclamo de la sociedad de querer ver presuntos delincuentes detenidos, pues se sienten defraudados cuando siguen en la calle durante las investigaciones.
Recordó que la SCJN dictó ya que los procesos no deben de pasar más de dos años para recibir una sentencia, y sólo en casos excepcionales rebasar este tiempo; es decir, que más de dos años debería ser la excepción y no la regla; aunque dentro del nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva también debería ser una situación poco común.
El magistrado adelantó que en caso de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, deberá transitar a la prisión preventiva justificada, pero ya no se podrá detener en prisión con base en una figura extinta; es ahí donde estriba uno de los retos para los juzgadores.
Apuntó que además hay otro conflicto: si se dará a este asunto un valor con base a la Constitución, en donde sí se establece la prisión preventiva, o con base a los tratados internacionales, en donde se refiere que la prisión preventiva siempre deberá ser justificada.
Aunque para Rojas García esta iniciativa que será pronto analizada y dictaminada por las magistraturas de la Corte tiene muchas virtudes, también representa una contraparte y señaló pudiera generar que los jueces queden expuestos a actos de corrupción e incluso hasta de intimidación, especialmente en aquellas entidades que se registra una mayor cantidad de sucesos violentos; pues mientras que ahora los juzgadores para la prisión preventiva se basan en un catálogo de 16 delitos como el robo a casa habitación, abuso sexual, secuestro, narcomenudeo, feminicidio y homicidio doloso entre otros. “Hay estados donde la presión es muy fuerte, las amenazas, hemos visto cómo se ha atentado contra la vida de juzgadores”, apunto el jurisconsulto
Recalcó que el trabajo del Poder Judicial será acatar la disposición y tomar las medidas pertinentes, pues la Corte es quien debe “dirigir el derrotero”.
El magistrado presidente consideró que lo ideal es que exista en la sociedad un cambio radical al momento de solicitar justicia ante la comisión de ciertos delitos, pues no siempre la pena carcelaria es lo ideal.
