Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia repudiaron la profundización de la militarización de la seguridad pública emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su propuesta legislativa para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobada por la Cámara de Diputados.
En un pronunciamiento firmado por Tana Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y por Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, urgieron al Senado de la República “a frenar el espíritu militarista del Poder Ejecutivo, que sin responsabilidad de Estado viola abiertamente la Constitución”.
Las organizaciones destacaron que “la militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de la fuerza armada son cubiertos por la impunidad”.
Agregaron: “Nos preocupa que, pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre”.
Al recordar que apenas el 31 de agosto, la niña Heidi Mariana de 5 años “fue asesinada por elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, los defensores señalaron que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sendos informes sobre la situación de la infancia en México, publicados en 2011 y 2015, manifestó “su inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” del país, y urgió al Estado mexicano a “revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada”, basada en el uso del Ejército, implementar protocolos de protección de las infancias durante operaciones militares y “garantizar el derecho a la justicia de las familias de las niñas y niños víctimas de violencia en el país”.
En ese sentido, la Redim y Tejiendo Redes Infancia, expresaron su preocupación “por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar una estrategia que empodera todavía más a las Fuerzas Armadas, al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país”.
Insistieron en que repudian “la militarización que ha ignorado los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones expresas de organismos de derechos humanos que han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes”.
Las organizaciones hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, de una vez por todas, cumpla con su responsabilidad legal y discuta “el paquete de controversias constitucionales que tiene pendientes en esta materia”, así como asumir su papel como “poder autónomo que ayude a reconocer el riesgo que conlleva la creciente participación militar en tareas de seguridad ciudadana, porque debilita la democracia y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Tras sumarse a los exhortos de otras organizaciones y organismos internacionales “para que el gobierno y el Senado no profundicen el militarismo en México, la Redim y Tejiendo Redes Infancia alertaron que “la amenaza más grande para la democracia es la militarización de la seguridad pública”, y que de aprobarse las reformas “es una condena a vivir en una guerra que se va a recrudecer y el rechazo inminente a la construcción por la paz”.
