El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, así como los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar venezolanos, incluyendo a Diosdado Cabello, han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, acusa un nuevo informe de la ONU.
“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, documenta el informe de la misión internacional de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Venezuela.
“Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad’’, cita el informe.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente”, urgió Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
“Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”, declaró Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV.
La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
La Comisión remarca que los casos documentados no son exhaustivos y que el número de personas detenidas de manera arbitraria y torturadas puede ser mucho mayor.
Por otra parte, la MIIV destaca la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
El informe de la MIIV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.
La Misión basó sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
“Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos”, dijo Valiñas.
El mandato de la Misión de la ONU liderada por Valiñas, Cox Vial y Tappatá Valdez corre peligro ya que países amigos del régimen de Maduro han presionado a miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que no se renueve su mandato y evitar de ese modo que continúe con sus investigaciones. Incluso la postura de México hasta ahora es incierta pues no se ha pronunciado a favor de renovar el mandato de la Comisión.
Los expertos presentarán su informe en el Consejo de Derechos Humanos el próximo lunes 26 de septiembre.
