- Congreso no etiquetó recurso al aprobarla y gobierno le destina 740 mil pesos
- Prevé seguridad y asistencia social, descuentos, empleo, salud y educación
Leyes de “de avanzada”, como la Ley para la Protección Especial de Adultos Mayores aprobada hace casi un año en el Congreso del estado, no se ha podido aplicar a cabalidad por la falta de presupuesto, señaló la presidenta de la comisión de equidad de género, la priísta Beatriz Santillán Pérez, reconociendo que en ello tienen tanta responsabilidad los diputados como el ejecutivo de Aguascalientes.
Santillán Pérez, quien promovió en esta legislatura la propuesta que fue conjuntada con una del Partido Acción Nacional (PAN) la legislatura anterior, manifestó que lo dispuesto en el decreto 240 que entró en vigor el 14 de julio de 2009 “implica gasto”. Reconoció también que los legisladores “no incluimos ninguna partida, un obligatoriedad de partida y quizás ese fue un error que tuvimos, pero que se puede enmendar”. Además, increpó, “si tuviera voluntad política el gobierno, al menos se trataría de iniciar con algo”.
En el decreto publicado en el Periódico Oficial del estado el 13 de julio de 2009, se planteó que para aplicar lo que esta reforma de ley les ordenaba, la Secretaría de Desarrollo Social dispondría del Fideicomiso de Ayuda a una Persona Senecta, cuyo presupuesto fue de 743 mil pesos etiquetados “en su totalidad a cubrir la operación y fines del fideicomiso”.
Además, se fijó como obligación del ejecutivo asignar “el equivalente a 10 por ciento del presupuesto asignado para gasto en asistencia social a las dependencias y entidades (…) que tengan dentro de sus funciones la asistencia social, para el desarrollo de acciones y programas de atención” a este sector.
La diputada aseguró que aún cuando en el Presupuesto de Egresos sí se fijó ese rubro, tampoco está siendo aplicado; aún así, asumió la parte que corresponde al Congreso al admitir que “debemos emitir alguna reforma, pero con la propuesta del presupuesto adecuado porque sí emitimos reformas, pero cuando las reformas implican gasto, pues eso no se considera y no se aplica por eso”.
Entre otras cosas, la ley de adultos mayores prevé que el 10 por ciento de la plantilla laboral de las dependencias y entidades públicas se componga por adultos mayores y que el estado y los municipios den incentivos fiscales a las empresas que repliquen esta medida; gratuidad o descuentos del 50 por ciento en el transporte público, recibir atención médica especializada en el sector salud estatal, tener acceso a programas de educación continua. “Incluye beneficios de asistencia social a los adultos mayores más vulnerables (…), que las instituciones de salud tengan en su cuadro básico medicamentos propios de los adultos mayores (…) y que en las universidades haya la especialidad de geriatría”, dijo, y añadió “nosotros, con una muestra de voluntad que tuviera el gobierno para aplicar esta ley, ya veríamos que podríamos conseguir lo demás más adelante”.
Comentó que el año pasado, tras cinco foros que se llevaron a cabo para la confección de esta normativa que abrogó la ley de la senectud vigente desde septiembre de 2000, se observó que los adultos mayores “incluso tenían propuestas mucho, mucho más avanzadas que las que quedaron ahí y, obviamente que algunas no las consideramos precisamente por eso, por el recurso; pero nosotros creemos que es viable para mejorar las condiciones de los adultos mayores”, faltando el recurso para ejecutarlas.
