- El aborto debe discutirse como un tema de salud pública y la justicia social
De las 300 mujeres criminalizadas por haberse practicado un aborto, todas ellas son pobres, están inmersas en un proceso judicial porque no tienen la posibilidad de viajar al Distrito Federal para practicarse una interrupción legal del embarazo, ni tampoco tienen la posibilidad de ir con un médico particular de buena calidad, comentó Martha Juárez Pérez, integrante de la Campaña nacional por el derecho a decidir.
Estas mujeres no están afiliadas a un sistema de seguridad social, como IMSS, ISSSTE o seguro popular, incluso se ha sabido de casos de mujeres que han tenido un aborto espontáneo ellas asisten a una clínica y en lugar de recibir la atención debida son denunciadas por el mismo personal de los centros de salud porque estas legislaciones parecieran penalizar el aborto en general y mientras se dan las aclaraciones ellas pueden estar arraigadas en ese tiempo intermedio.
“Aquella mujer que llegue con un aborto en curso es una delincuente y me parece que esto es algo que no podemos permitir, no son reformas constitucionales inocentes, además de que afectan el uso de los métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino porque se afecta el derecho de la vida desde la concepción”.
La discusión debiera estar más bien torno a la salud pública, educación sexual, campañas de anticonceptivos modernos porque por el contrario estas reformas que se han ido impulsando en diferentes estados del país afectan directamente la salud reproductiva de las mujeres.
Hasta el momento hay cinco casos pendientes de controversias constitucionales o vía acción de inconstitucionalidad hasta que estos casos no sean resueltos al cien por ciento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “La corte dio ya un anticipo cuando se pronuncio sobre la despenalización en el DF, sin embargo estas controversias puestas son específicamente sobre casos similares de constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción, la suprema corte en algunos meses estará ya discutiendo ese tema en específico”. La recomendación de las activistas fue que los estados donde todavía no ha sido autorizada esta legislación esperen hasta después del tiempo electoral.
El tema de la interrupción legal del embarazo está enmarcado en la justicia social y la salud pública, sobre estas consideraciones es que la discusión sobre el aborto debe tomarse en cada uno de los estados, dejando de lado principios partidistas y preferencias políticas que en poco benefician el desarrollo de las mujeres.
Como lo han dicho ya diferentes activistas sociales, el aborto en Aguascalientes al igual que en otros estados de la república, es una realidad, aún cuando sea una práctica que no cuente con el respaldo legal, pero es precisamente por esta razón que las discusiones sobre este tema no pueden tomarse a la ligera. Las reformas deben responder ante una realidad del país y no a principios ideológicos de institutos políticos.
