- Llaman al Poder Judicial a ser un verdadero contrapeso
- Militarización atenta contra la democracia y las vías civiles para transitar a un país en paz
A través de 24 amparos, más de 12 organizaciones de la sociedad civil (OSCs), colectivos de víctimas y activistas resisten en contra de que se consolide la militarización de México, al considerar que las reformas propuestas son inconstitucionales y generan un efecto inhibidor a la labor de las personas defensoras de derechos humanos a través de nuevos recursos legales.
Las Organizaciones, colectivos y activistas que promovieron los amparos exigieron al Poder Judicial Federal (PJF) que resuelva favorablemente y actúe como un verdadero tribunal de justicia para que, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, rompa el pacto militar y el silencio cómplice de la militarización.
Los 24 amparos van en contra de la reciente reforma legislativa que autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), al considerar que atenta contra la democracia y las vías civiles que se requieren para transitar a un país en paz.
“Estos amparos fueron presentados en un contexto donde a las Fuerzas Armadas (FFAA) les son asignadas cada vez más tareas civiles ajenas a la seguridad, a la par que aumentan sus recursos; espían a personas defensoras de derechos humanos, universidades y periodistas; desatienden los llamados del Congreso a rendir cuentas por las recientes filtraciones a los correos de la SEDENA, e incluso redactan iniciativas legislativas que son presentadas y aprobadas por el Congreso de la Unión”, se señala en un comunicado emitido por EQUIS: Justicia para las Mujeres.
Expone que el país se encuentra en un escenario donde las Fuerzas Armadas cada vez obtienen más poder y autonomía que pone en riesgo su neutralidad, las funciones que originalmente les fueron asignadas y la propia estabilidad democrática del país.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el traspaso de la GN a la SEDENA representa la claudicación del Estado de contar con una institución policial civil federal, tal y como lo ordena la propia Constitución. Esta claudicación también es notable en reformas como la que amplía el plazo de participación de las FFAA en tareas de seguridad hasta 2028. Estos cambios brindan poder absoluto de la GN a las FFAA, quienes ahora formalmente detentan el control sobre la seguridad pública del país, a pesar de que, por más de 15 años de despliegue militar, su participación no ha mejorado las condiciones de seguridad en el territorio nacional.
“Esta reforma también implica un efecto inhibidor del trabajo que realizan las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos, específicamente aquellas dedicadas a denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y el debilitamiento de la democracia a causa del aumento de sus facultades”, apuntan.
Para las promoventes, en el análisis y resolución de estos amparos el papel del Poder Judicial es fundamental para hacer frente a reformas que buscan ampliar más allá de los límites legales y constitucionales el poder de las Fuerzas Armadas pues, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han sido cómplices del deterioro progresivo de la supremacía civil en el gobierno. Sin embargo -hasta ahora- el Poder Judicial tampoco ha cumplido cabalmente su papel pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guarda completo silencio respecto de, al menos, 7 casos interpuestos por la sociedad civil y otros actores contra las acciones militaristas desde 2016, entre los que se encuentran controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos en contra de diversas leyes, como la Ley de la Guardia Nacional y el llamado Acuerdo Militarista.
