- La multa la impondría la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio capital
- Culmina el plazo para que los partidos retiren su propaganda política del pasado 4 de julio
A dos días de que se cumpla el plazo que diera la Secretaría de Desarrollo Urbano para quitar la propaganda política del mobiliario urbano, el secretario de Servicios Públicos y Ecología, Roberto Tavarez Medina, manifestó que estarán esperando a que se cumpla la fecha pero pedir que los institutos políticos que no hayan cumplido sean sancionados y como parte de ello tengan una multa por los costos que representará mover esta publicidad.
“El código municipal establece que a partir del día de la elección se les dará 20 días de plazo a los partidos políticos”, señalando que ya Desarrollo Urbano hizo lo propio extendiendo esta información a los respectivos partidos políticos y al Instituto Estatal Electoral (IEE), concibiendo que este último conminó a los respectivos candidatos para que hicieran lo propio, pero hasta ayer todavía podía notarse esta contaminación visual.
Anticipó que ante la negativa por retirar toda esta propaganda política por parte de los candidatos, seguramente la Secretaria de Desarrollo Urbano estaría pidiendo después del 24 de julio la ayuda de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología (SSPyE) para limpiar las zonas que todavía cuentan con estos anuncios colgados en el mobiliario urbano.
Quienes no hayan acatado los lineamentos del código municipal podrían hacerse acreedores a sanciones que estipularía la misma dependencia, dijo; “diariamente la gente de limpia y alumbrado público nos ha estado reportando”, sin tener una valoración exacta al respecto pero subrayó que visualmente hay una cantidad considerable que se eliminó.
En su evaluación, la dependencia que representa cuenta con toda la capacidad para comenzar con una nueva estrategia de eliminación de pendones o mantas que aún estén colocadas en la vía pública, “en caso de ser necesario, pues se contrataría personal, yo planteé precisamente en días pasados, que parte de la sanción que se tuviera que interponer y que contemple cuando menos esos gastos”.
Los costos por realizar este procedimiento de limpia no están todavía contemplados pero depende en gran medida del volumen de publicidad que aún esté vigente en las calles y la dificultad para retirarla, “un trabajador de la Secretaría cobra entre 4 mil 500 y 5 mil 500 pesos, entonces a partir de ese hecho y de las jornadas que tarden en retirarlas es como llegaríamos al planteamiento de recuperar estos costos extraordinarios para la Secretaría”.
Aunque las campañas electorales ya habían iniciado, el municipio de Aguascalientes emitió un dictamen que prohibía la colocación de esta propaganda, pero el caso llegó a los tribunales debido a una impugnación del Partido Acción Nacional (PAN), logrando eliminar este acuerdo.
Por su parte, el IEE sostendría que al avalarse esta práctica por parte del Poder Judicial, tendría que ser el municipio de Aguascalientes el encargado de retirar la publicidad, siendo los mismos quienes evaluarían los costos.
