Médicos certificados del sector salud podrían fungir como peritos oficiales en los casos de violación u otros delitos sexuales, evitando así el retraso en la atención médica inmediata a las víctimas de esos ataques.
La presidenta de la comisión de equidad de género en el Congreso local, Beatriz Santillán Pérez, presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de adición de un artículo a la Legislación Penal del estado, donde se establece que “en caso de que el sujeto pasivo de una agresión sexual acudiera a recibir atención médica a instituciones públicas de salud, con motivo de dicha agresión y ante la posibilidad de contar con la presencia del Ministerio Público y la urgencia del caso, el personal médico que previamente haya sido certificado para el efecto podrá asegurar, fijar y embalar el material sensible significativo”.
En caso de que la reforma se aprobada, la Procuraduría General de Justicia deberá emitir los protocolos que el personal de salud deberá seguir para recopilar todo lo que pueda ser material de prueba en un juicio, a fin de que estén “afectadas de fe pública para todos los efectos legales a que dé lugar”.
Aún cuando los delitos de tipo sexual han incrementado en los últimos años, según cifras del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), “sólo existe una agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra la familia y sexuales”, que se ubica en la capital y sólo cubre un horario de 8 a 16 horas y de lunes a viernes.
Actualmente, si ese tipo de materiales son recabados por personal del Instituto de Salud de Aguascalientes (ISEA) no tienen valor probatorio, además, argumenta la legisladora, carecen del equipo necesario para que no sea vean alteradas, por lo que la víctima es sometida dos veces –una por los médicos y otra por los peritos- a los exámenes mediante los cuales se obtienen los indicios para ejercer acción contra su agresor.
