CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo gobierno peruano de Dina Boluarte reclamó hoy al embajador de México en Perú la “injerencia” de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón en los asuntos internos de su país, y le explicó que el derecho de asilo –para el expresidente Pedro Castillo– requiere ceñirse a los tratados internacionales.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al Embajador de los Estados Unidos Mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respecto a los procesos políticos en el país”, informó el gobierno peruano.
“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, abundó.
Desde antier, López Obrador ha expresado su apoyo a Pedro Castillo, el entonces presidente de Perú que de manera sorpresiva anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, plan que no fue respaldado ni por las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, si sus propios ministros, por lo que Castillo fue destituido y detenido mientras iba en camino a la embajada de México en Lima para pedir asilo.
En contradicción con sus principios de no intervenir en los asuntos de otros países, López Obrador denunció en un primer tiempo que la decisión de Castillo fue producto de la hostilidad de “élite política y económica” del Perú; después, aseveró que el político fue víctima de un “golpe blando”.
Finalmente, se negó a reconocer como presidenta a Dina Boluarte, quien era hasta antier vicepresidenta de Castillo y tomó protesta después de la destitución del exmandatario. Para justificar su decisión, López Obrador evocó “principios constitucionales”, sin explicar cuáles.
Ayer, Ebrard informó por su parte que el embajador Monroy había visitado a Castillo en la cárcel para revisar su solicitud de asilo, hecho inusual en las relaciones diplomáticas, pues Castillo es ahora un ciudadano peruano que se encuentra en prisión preventiva, implicado en un proceso judicial en el que se le imputa un delito y cuenta con la defensa de un abogado.
Hasta el momento, uno de los argumentos de su defensa consiste en sostener que Castillo nunca rompió el orden constitucional, porque su decisión de disolver el Congreso y de instaurar de un gobierno de excepción, en el cual decidiría mediante decretos-ley no se concretó.
Ebrard anunció ayer que iniciaría “consultas” con el gobierno peruano para analizar la solicitud de asilo de Castillo. La respuesta de Lima no se hizo esperar: en su comunicado difundido hoy, el gobierno peruano indicó que
“se señaló al Embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
Una manera diplomática de revirar a Ebrard que el derecho de asilo no se configura en este caso.
