El presidente lo llamó “una travesura de duendes”, pero lo que en realidad ocurrió es que, tras confirmarse el fracaso por aprobar una reforma constitucional en materia electoral, le metieron mano al Plan B del mandatario para, entre otros temas, flexibilizar los márgenes que permitieran a sus aliados chiquitos (Partido Verde y PT) conservar su registro como partido político nacional y, además, revivir figuras en desuso, como las candidaturas comunes.
En una estira y afloja con el Congreso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su presión para cambiar las leyes electorales; y ante los ajustes realizados a su Plan B en beneficio de sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, que considero una “travesura de los duendes”, anunció que mandaría otra propuesta para enmendar el “error” que –según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López– Morena cometió en la Cámara de Diputados.
Tras el inminente rechazo de la oposición en San Lázaro a la reforma electoral a escala constitucional, López Obrador entró a escena y mandó su propuesta de Plan B vía el secretario de Gobernación. Pero ante la pifia de Morena, que ajustó dicho plan beneficiando a sus aliados de Juntos Hacemos Historia, con reformas que resultaron inconstitucionales, ahora instruye a que, mediante el Senado, corrijan la plana de lo que algunos consejeros se han dado a llamar el Plan B, pero con “‘V’, de venganza” contra el INE.
Más allá de analizar si el consejero electoral Ciro Murayama entendió el mensaje contra las instituciones, el breve paso del documento por la Cámara, con dos iniciativas y más de 300 páginas que llevó personalmente al recinto legislativo el secretario de Gobernación el mismo día que sería discutida por los diputados de Morena, derivó en cuestionamientos sobre la legalidad de su contenido.
El nuevo documento se tornó aún más complejo y confuso cuando, para obtener la aprobación del Partido Verde y el Partido del Trabajo, el coordinador de la mayoría de Morena permitió hacer “agregados” a la iniciativa que contenía normas reglamentarias del ámbito electoral. Esto derivó en modificaciones que terminaron por poner en entredicho la constitucionalidad de la reforma a normas reglamentarias.
En la sesión del martes 6, si de por sí la oposición acusó desaseo en el proceso legislativo y fast track del partido oficialista a un dictamen que aún no había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, cuando inició la exposición de la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, a las 10:12 de la noche, lo que agregaron los otros integrantes de Juntos Hacemos Historia terminó por dar argumentos a Acción Nacional para buscar impugnar la reforma ante la Suprema Corte.
Tras la momentánea “victoria” de haber frenado la reforma constitucional en materia electoral –según lanzaron en redes sociales una y otra vez los integrantes de la coalición Va Por México–, los tres partidos decidieron abandonar la asamblea tras los posicionamientos de los partidos en la segunda sesión de ese día.
Advirtieron que Morena buscaba acomodar las leyes “en su conveniencia” para garantizar sus votos en las siguientes elecciones.
Con pleno conocimiento de lo que venía, de ese “burdo intento de sabotaje al proceso electoral del año 2024”, que acusó Jorge Triana del PAN, los tres partidos de oposición salieron y rechazaron el debate, pese a la apertura para aceptar reservas que, inusualmente, concedió el grupo mayoritario al dictamen que ya había sido modificado con sus aliados.
En medio de gritos y loas a su “resistencia”, el bloque opositor prefirió enmudecer en el debate que venía acerca de las reformas a normas reglamentarias contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
