- Programa busca mejorar el servicio de agua y drenaje en el estado, más de 2 mil viviendas carecen de estos servicios
- OSFAGS realizó once observaciones a la dependencia, nueve quedaron pendientes a solventarse
De acuerdo con los datos del último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en Aguascalientes hay 2 mil 137 viviendas que no disponen de tubería para abastecerse del servicio público y otros 2 mil 379 hogares que no cuentan con servicios de drenaje. Entre los aspectos que no considera el instituto es si hay o no servicios intermitentes o la calidad de los mismos, aspecto para los cuales el estado tiene que invertir para subsanar cualquier anomalía.
En ese sentido es que desde el gobierno federal se ha promovido el Programa de Agua Potable y Tratamiento (PROAGUA), el cual tiene como objetivo el ampliar la cobertura orientada al acceso de servicios básicos de agua, alcantarillado y saneamiento, así como mejorar la condición de infraestructura que ya existente para otorgar un servicio más eficiente.
La ley de ingresos del estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2021, señala que se esperaba recibir cerca de 21 millones 800 mil pesos de este programa, cantidad que se encuentra englobado en los 448 millones 26 mil 613 pesos que ejerció el Instituto del Agua del Estado (INAGUA)
De acuerdo con las auditorías que realizó el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS) es precisamente en este rubro en donde se detectaron todas las irregularidades de esta dependencia pues, en dos de las once observaciones que se determinaron, se estima un posible daño al erario de 458 mil 580 pesos.
Estas observaciones pasarán a la instancia de control competente para que realice las investigaciones necesarias y sustente actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en estas irregularidades.
De las once observaciones que determinaron solo dos fueron solventadas, de las nueve que quedaron pendiente se emitieron tres recomendaciones y se inició un procedimiento para determinar una responsabilidad administrativa en seis de los casos.
