- Además, partidos políticos no podrán candidatear agresores ni deudores alimentarios
- Confían que iniciativa será votada a favor en periodo ordinario de sesiones
Va en firme desde el Congreso del Estado que sea una realidad en Aguascalientes que para ser candidato sea necesario realizar la declaración 3 de 3, ya que anteriormente quedaba a la buena voluntad de los partidos políticos exigirla a los militantes que aspiraban a cualquier puesto de elección popular, informó Juan Luis Jasso Hernández, presidente de la Diputación Permanente. Quien puntualizó que quien haya violentado a una mujer o es deudor de pensión alimenticia, tampoco podrá acceder a una candidatura.
Expuso que este dictamen ya va aprobado desde comisiones y luego que pase por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se analizará, junto con varias más, y subirá al pleno en el siguiente periodo ordinario de sesiones para su posible aprobación, en la cual confío.
El diputado local destacó que a partir de que sea aprobada esta iniciativa será ley y obligará a todas las fuerzas políticas a implementar dichos candados a sus posibles candidatos que aspiren a participar el próximo año.
La iniciativa ciudadana 3 de 3, es un esfuerzo de la sociedad organizada para hacer obligatoria y transparente la presentación de las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios públicos del país.
Cabe recordar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la constitucionalidad de las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Partidos Políticos, y del Código de la Administración Pública, todas del estado de Yucatán, donde se establece que los deudores alimentarios no tienen derecho a ocupar un cargo público; de tal forma que si algún candidato violentó a una mujer o no dota de pensión alimenticia a sus hijos, no podrá aspirar a una candidatura en las próximas elecciones.
En junio de 2022, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad que fue criticada por colectivos feministas; una vez que fue analizada por el Pleno de la SCJN, nueve ministros coincidieron en que, “la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo porque pretende garantizar y proteger el derecho de alimentos mediante la restricción del derecho del deudor alimentario moroso para acceder a cargos públicos”.
Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición para que los deudores alimentarios morosos puedan postularse a cargos de elección popular en el estado de Yucatán, mejor conocida como “Ley Sabina”.
