Después de darse a conocer las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF) en el gobierno federal, el presidente de la liga de economistas, Ricardo Rodríguez Vargas, sostuvo que el principal problema de las contralorías es la cercanía con el gobierno en turno, ya sea federal, estatal o municipal.
Reiteró que las contralorías de los estados deben de tener una autonomía que permita abstenerse de las relaciones cercanas con el Ejecutivo, haciendo alusión a la contraloría estatal, donde el titular era directamente ligado con el gobernador del estado, situación que se repite en el ayuntamiento de la capital, aseguró.
Al concebir esta grave deficiencia, recomendó al Congreso local poner mayor atención en la situación referente, insistiendo en que la característica prioritaria de la contraloría deberá de ser la integración de sus miembros a través del servicio civil de carrera, lo que necesita legislarse.
De no tomarse las medidas necesarias, advirtió que los problemas de corrupción y malos manejos de los dineros públicos continuarán realizándose de forma discrecional, “hay que tomar como ejemplo el caso de Singapur, donde a través del servicio civil, los índices de corrupción disminuyeron notablemente”, indicó.
“La contraloría no debe ser fruto de negociaciones políticas”, porque de lo contrario, estaría poniéndose en riesgo todo su funcionamiento y hasta podría ser mucho mejor que éstas desaparecieran, pues solamente representarían un gasto por la poca relevancia que podrían tener en el terreno de la administración pública.
Concibió a los procesos de fiscalización como mecanismos que requieren de forma urgente la adaptación a los diferentes procesos administrativos de forma independiente.
Insistió en que “los que tengan la vocación política deben de seguir por la política, quien tenga perfil administrativo hará lo propio, pero los políticos no pueden ser contralores ni al contrario”; subrayando que pueden presentarse incentivos perversos tolerantes de corrupción.
Aunque reconoció que la creación de estas dependencias y en pro de la transparencia han existido varios avances; sin embargo, no han podido completarse en su totalidad por la falta de oficio de quienes han representado a esta dependencia, agregándole la relación que ostentan con el gobernante en turno, dijo.
Al ser expuesto que 120 mil millones de pesos no estuvieron aplicándose y se destinaron a fideicomisos, el gobierno federal tiene 45 días para dar una respuesta acerca del monto; puntualizó en que se encontró un sub ejercicio de dos mil 300 millones de pesos en el tema de seguridad, subrayando que en Aguascalientes, dejó de ejercerse un 48.6 por ciento.
