- El 31% de las mujeres en Aguascalientes son jefas de familia
- Destacan los Compromisos de Buenos Aires, que propone la sociedad del cuidado
Un eje prioritario en el Plan Estatal de Desarrollo, a través de la Agenda por la Igualdad, es colocar a las mujeres al centro, y que las autoridades de todos los ejes de gobierno se sumen públicamente a los compromisos encaminados al bienestar de este sector en Aguascalientes, que representa el 51.1 por ciento de la población.
Así lo expuso Patricia Cárdenas Delgado, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), en el Encuentro Internacional por los Derechos de las Mujeres, en donde aseveró que la gobernadora María teresa Jiménez Esquivel le instruyó a impulsar programas en materia de prevención de las violencias y con perspectiva de género, dirigidos a las mujeres, en especial a niñas y adolescentes.
La funcionaria estatal destacó algunas características de las mujeres en este estado, tales como que conforman el 51.1 por ciento de la población, y el 84.4 por ciento habitan en zonas urbanas; la mitad de ellas son menores de 28 años y el 31 por ciento es jefa de familia. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 73 de cada 100 mujeres en Aguascalientes ha sufrido algún episodio de violencia.
Compartió que en la XV edición de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Argentina en el 2022, en donde se signó el llamado “Compromiso de Buenos Aires” por varios países, entre ellos México, en él que se reconoce “el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado”.
Cárdenas Delgado destacó cuatro aspectos básicos del Compromiso de Buenos Aires: el primero es que el Estado está obligado a brindar servicios básicos de cuidado, que atienda las necesidades diferenciadas de la población con un enfoque de derechos humanos. El segundo: el cuidado como bien común, que implica reconocer las actividades de cuidado y el trabajo doméstico como trabajo, que genera valor, aporte económico y que sigue recayendo en las niñas, adolescentes y mujeres. El tercero: el derecho al cuidado de quienes cuidan y quienes reciben los cuidados. Cuarto: la interdependencia que todo lo anterior mantiene con la sostenibilidad ambiental.
