El gobierno de Puebla tuvo que destinar dos mil 600 millones de pesos del erario para pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un adeudo fiscal que se generó durante el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle.
El gobernador Salomón Céspedes Peregrina informó que este pago ya fue realizado, y reconoció que tendrá un impacto en las finanzas estatales. Anunció que emprenderán acciones para determinar las responsabilidades administrativas y penales de este daño causado a las arcas estatales por una irresponsabilidad financiera. Quien fuera en ese entonces secretario de Finanzas del Estado era Roberto Moya Clemente, actual senador de la República.
María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, explicó que este adeudo fiscal se generó luego de que, en 2015, el gobierno de Moreno Valle contrató un despacho llamado Sistemas LAC, el cual recomendó solicitar ante el SAT una devolución de impuestos de los ejercicios fiscales 2009 y 2010.
A partir de esto, la administración morenovallista recibió entre finales de 2015 y principios de 2016 un total de 702 millones de pesos por parte del SAT. Incluso, reveló la secretaria, el gobierno estatal otorgó en ese momento un bono al despacho que tramitó esa devolución de impuestos, pues fue considerada una operación exitosa para allegarse recursos.
No obstante, en 2018, ya cuando era gobernador Antonio Gali Fayad, el SAT notificó al gobierno de Puebla que la devolución de impuestos no había sido legal, pues se sustentó en una disposición fiscal de 2008, a la cual la administración poblana sólo se adhirió hasta 2011.
Al considerar que el gobierno de Puebla había actuado con “dolo” en esta operación, el SAT planteó la opción de que devolviera los recursos que le había entregado sin sustento legal, o de lo contrario tendrían que resolver el caso a través de un litigio.
Indicó que, en lugar de regresar los 702 millones de pesos, el gobierno de Puebla decidió defender su postura en los juzgados pese a que de antemano sabían que todo estaba en contra, para lo cual destinó otros 20 a 30 millones de pesos en abogados.
Castro Corro indicó que el SAT generó por esto un crédito fiscal a cargo del gobierno poblano, que a la fecha alcanzaba el monto de dos mil 600 millones de pesos.
La secretaria explicó que el gobierno estatal decidió pagar ese monto debido a que el SAT tiene los fundamentos legales para reclamar su devolución y que, de no hacerlo, se podría incurrir en responsabilidades penales.
Céspedes Peregrina manifestó que cumplir con el pago de este crédito fiscal generará una presión a las finanzas estatales, pero descartó que se vaya a recurrir a contraer deuda para resolverlo.
