- Calificarán casos que involucren hasta cinco kilos de mariguana o cocaína
- Es prácticamente nulo el avance en la implementación de juicios orales
A solo cinco años de implementarse a nivel nacional los juicios orales como parte del sistema adversarial de justicia en Aguascalientes sólo existe un adelanto en la materia de menos de 5%, informó Gregorio Zamarripa Delgado, diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura.
Además de la adecuación de los juicios orales, señaló el diputado, será necesario instituir Jueces de Ejecución de Sentencias que serán quienes vigilen que las penas impuestas por los jueces penales sean cumplidas con vista a la parte ofendida, para lo que se reasignarán 50 millones del presupuesto.
Apuntó el legislador, que la secretaria técnica de la secretaría de Gobernación, cuenta con recursos económicos suficientes para la implementación de la reforma judicial, sin embargo Aguascalientes, a diferencia de otras entidades, como Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato o Zacatecas, no ha presentado iniciativas y proyectos de divulgación, mismos que son necesarios para acceder a este apoyo federal, que puede ser utilizado en capacitación y promoción para dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de nuevo sistema judicial.
Gregorio Zamarripa señaló que existe demasiada apatía en torno a la implementación del sistema de juicios orales, y es por ello que se está buscando el apoyo de los rectores de las universidades del Estado, a fin de poner en marcha un diplomado especializado en la reforma penal.
Para 2011 será de competencia de los jueces locales, los delitos de narcomenudeo, que serán todos los casos donde se involucre hasta cinco kilogramos de mariguana o cocaína, esto a pesar del temor que puede generar en los jueces las represalias de grupos delictivos, mencionó el diputado priista.
Expresó su desacuerdo en otorgar a las entidades federativas facultades para combatir el delito del narcotráfico, incluso en su versión de venta al menudeo, ya que es deber del gobierno central, por el poder y alcance de sus instituciones. Agregó que esta descentralización de facultades práctica solo aumentará la “exportación de la violencia” ya que al tener cada entidad su forma de operar al respecto, el crimen organizado encontrará facilidad para “zafarse” de penas y procesos en aquellos estados en que el sistema de justicia sea frágil.
Además aseguró que no se ha contemplado la sobre carga de trabajo que presentaría para las procuradurías de justicia locales que ya cuentan con un rezago importante en investigaciones del fuero común, al mismo tiempo las entidades no cuentan en su mayoría con centros penitenciarios de alta seguridad y la carga de trabajo se incrementaría para los poderes judiciales locales, que se estarían acostumbrando apenas a un nuevo sistema.
