El presidente de la Liga de Economistas, Ricardo Rodríguez Vargas, demostró la inconformidad del organismo que preside ante el proyecto de presupuesto para el estado, sobre todo por el 6 por ciento de reducción para gasto educativo, “lamentamos que la Universidad esté a expensas de recesiones, crisis y siempre se esté poniendo su presupuesto en riesgo”.
Para el especialista en economía, los legisladores locales tiene la oportunidad de ocupar un gasto que proviene de la federación para que pueda repartirse entre los municipios y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), oportunidad que vio en el ramo 28, “que son participaciones y que no es un ramo etiquetable”, el cual podría llegar a acumularse hasta 400 millones de pesos con el ramo 33. “Exijo a los diputados locales que ese dinero lo entreguen a educación, que se lo den a la UAA”, señaló.
Este a diferencia del ramo 33, podría estar aplicándose a otros
rubros, que de una forma tiene el riesgo de destinarse a gasto
corriente, sin embargo, tiene la condición de que el 20 por cinto vaya
para las bolsas públicas de los municipios.
Comentó que usualmente los montos del rubro sin etiquetar son
ocupados para el pago de deuda adquirida, insistiendo en el compromiso
que debe de tener el congreso para repartirle el recurso a la máxima
casa de estudios debido que sería un hecho que con el incremento de la
recaudación, vendrán mayores ingresos para las entidades públicas.
“Le hacemos un exhorto de forma respetuosa al presidente de la
Comisión de Vigilancia, para que tenga una evaluación de los programas
de desarrollo social, aquí se puede crear una especie de Coneval
(Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social)
porque en Aguascalientes no podemos legislar dando palos de ciego, más
cuando no hay recursos. Tenemos que legislar en el sentido de
evaluación de efectividad”.
De esta forma convocó a los diputados locales para que analicen la
propuesta del gobierno del estado para ejercer mayores recursos en
temas prioritarios, como son en salud, social y educación, arropando el
gasto social que en un momento de crisis es preponderante, sostuvo.
Advirtió del riesgo de que un posible aumento en las participaciones
federales vaya destinado nuevamente al gasto corriente de los
gobiernos, ya que el presupuesto para el 2010 tendrá un 80 por ciento
destinado para el rubro, aseguró.
En este sentido, “tiene que haber una reingeniería sobre todo el
rubro de asesores, estos a veces cuestan mucho y creo que de ahí
deberíamos de recortarle; la parte de asesorías no se justifica en este
momento”. De esta forma deberá de legislarse para que los contratos de
deuda sean más moderados y en base a los ingresos.
En conjunto con una ley de responsabilidad hacendaria que aplique tanto para el estado como para los municipios.
