- Federación, estado y los organismos de cuenca. Evaden el cumplimiento de las reglas
- Necesaria actualización de lineamientos para la extracción, uso de aguas y entrega de concesiones
- Persisten las deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), analizó el marco regulatorio actual, y concluyó que es urgente una aprobación de una nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión, una asignatura pendiente desde el 2012, al ser evidente la necesidad de una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos, entre otras acciones como la actualización de lineamientos para la extracción, uso de aguas y entrega de concesiones y la mejora en los sistemas de medición y monitoreo.
Ante el número de sequías se ha duplicado a nivel nacional en la última década y dado que este fenómeno se agrava por el aumento de la temperatura en México debido al cambio climático; de continuar las tendencias actuales esta situación se agravará en los próximos años. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la escasez de agua para la población urbana mundial se duplicará en 2050 debido a las sequías.
En México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca. Al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas, por ello el problema del agua en México se remite a una serie de desafíos relacionados con la gestión y el acceso a los recursos hídricos.
En su análisis, el IMCO considera que para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua; además, es necesario abordar el problema de la ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones, ya que esto permite un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios.
Además de la falta de coordinación entre actores públicos y privados, algunos de los obstáculos identificados son:
Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible. Esta es una de las principales razones que explican el pobre desempeño y mala gestión de las políticas públicas del agua en México, pues la coordinación es difícil de lograr debido a que cada estado opera de manera independiente, en particular en los ordenamientos del suelo; legalmente, un estado puede cambiar su uso de suelo y afectar el régimen hídrico de toda la cuenca sin que otras entidades -potencialmente afectadas- puedan hacer algo al respecto.
Ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones. La demanda de agua no está basada en la oferta real; dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones. Actualmente, la autorización del uso del agua -otorgado a través de una concesión- no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales; esta capacidad máxima -también llamada disponibilidad- puede variar a través de los años debido al cambio climático. Sin embargo, esta variación no se refleja en la asignación de concesiones, de tal forma que existe el riesgo de sobreexplotación.
Deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo. 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93% no han sido verificados, esto promueve el uso desmedido y ha provocado que las tomas clandestinas se hayan vuelto cada vez más comunes. En México la extracción de aguas superficiales se realiza a través de infraestructura que suele ser financiada por el usuario final. Esto implica que los usuarios acceden al recurso directamente y promueve que dispongan de este para sus cometidos sin una regulación, medición y monitoreo pertinentes.
Reducción de la vigilancia. Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8 mil 129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2 mil 334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua. Esto se debe a una combinación de factores que incluyen recursos financieros y humanos insuficientes; la falta de vigilancia incentiva malas prácticas como la sobreexplotación y la contaminación.
Reducción de financiamiento a la CONAGUA. El presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50% entre 2014 y 2022; es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, lo que afecta principalmente el área de vigilancia y monitoreo. A pesar de que en 2023 se incrementó a 68 mil 450 millones, sigue siendo insuficiente.
Las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible. Aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas será clave para iniciar el camino hacia una legislación y gestión más eficientes.
A partir de este diagnóstico, el IMCO Propone una serie de recomendaciones que atienden la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable.
La CONAGUA y el Congreso de la Unión deberán ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible.
La CONAGUA y la PROFEPA deben garantizar inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas, pues aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación; esto abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.
