- Estafa no afecta la operación regular de la institución
- Estrategia legal irá encaminada a recuperar el recurso
Estafa de la que fue víctima la Universidad Autónoma de Aguascalientes no afectó al Fondo de Pensiones y Jubilados de la institución, dado que la inversión se realizó a través del Fondo de Contingencias, clarificó para LJA.MX, Jorge Humberto López Reynoso, director de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Puntualizó que la cantidad que se adeuda a la UAA asciende a 207 millones de pesos con vencimiento a partir del 28 de agosto, no por 213 como se afirma en la nota de El País.
Detalló que el Fondo de Contingencias de la Universidad se genera con ahorros que se realizan a lo largo de varios años, y es de éste de donde se tomó el recurso para invertir en el esquema Ponzi, a la vez que aseguró que tras el fraude las finanzas institucionales siguen en números negros, lo que garantiza que las actividades en la institución se lleven a cabo de forma regular, ya que ningún compromiso financiero se dejará de realizar.
Recordó que la UAA recibe subsidios federales y estatales, el cual no se ha tocado, por lo que en nada afecta este “lamentable incumplimiento de parte de la empresa defraudadora. No afecta la operación institucional ni el pago a trabajadores, a jubilados…”.
Explicó que la Universidad llevará a cabo las acciones legales que sean necesarias para que ese recurso regrese a las arcas.
-¿En qué sí afecta este fraude?
-En que no contamos en este momento con ese fondo para contingencias, que en caso de una catástrofe natural o algún acontecimiento no previsto, causado por la naturaleza, nos pudiese afectar, aunque no se invirtió todo el fondo.
Expuso que la inversión en el esquema Ponzi inició en agosto del 2020, y se trata de un certificado bursátil, que a través de las casas de bolsa invitan a adquirir un certificado, “son casas de bolsa controladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Tú entregas el recurso a la casa de bolsa y ellos se encargan de colocarlo en proyectos o desarrollos, nos expide un título ante el Indeval, que equivale al Registro Público de la Propiedad”.
Explicó que de acuerdo a la normatividad institucional, la autorización para realizar esta inversión a la empresa CORAFI de René Dávila de la Vega, se realizó en conjunto entre el entonces rector Francisco Javier Avelar González y la dirección que él ahora coordina, aunque el análisis financiero se desarrolló desde la rectoría, así como la gestión.
Subrayó que a nivel institucional todo se llevó a cabo conforme a la legalidad, aunque finalmente la UAA fue víctima de este esquema que calificó de maquiavélico, del cual no se dudó al estar vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Aseveró que las universidades públicas están facultadas para llevar a cabo este tipo de acciones de inversión al ser organismos públicos descentralizados estatales, con autonomía, en la que la misma Ley Orgánica establece que entre el patrimonio de la Universidad están los rendimientos, “entonces por consecuencia, además de que sí estamos facultados para realizar inversiones, estamos obligados como servidores públicos a cuidar el poder adquisitivo de esas inversiones”.
Recalcó que en este caso se van a seguir las acciones judiciales, mercantiles o penales que den lugar, a través de despachos externos especializados, y recordó que la operación está sustentada con un macrotítulo, por lo cual los abogados que ya tienen el asunto en sus manos están ya conformando la estrategia que irá encaminada a la recuperación del recurso.
El funcionario universitario expuso finalmente que la UAA tiene toda la apertura para cualquier investigación interna o externa.
