A pesar de que padres de familia de escuelas públicas, junto con los estudiantes, son los principales afectados por la falta de libros de texto en las escuelas, sus representantes han sido omisos, a pesar de que ya se han quejado de que el amparo para que no se entregara el material educativo fue interpuesto por padres de familia de estudiantes de colegios particulares.
Al respecto, la activista y maestra jubilada María de Jesús Rangel Velásquez señaló que se formó un Comité en defensa de los Libros de Texto Gratuito (LTG), a fin de realizar una serie de acciones a favor de que estos sean entregados, entre estas se encuentran las manifestaciones.
Indicó que los principales afectados, casi en un 90 por ciento, son los padres y madres de familia de las escuelas públicas, calificando como una injusticia y una inequidad la no entrega de los libros. “Hay que procurar el bienestar de las mayorías y está bien que el amparo, pero por muy legal que sea, es injusto e inequitativo, además, hay un apartado en el artículo 73 de la Ley de amparo que establece que el amparo sólo protege a los demandantes y si los demandantes solo son 12 padres de familia no pueden perjudicar al resto de la población”, señaló. Mencionó que, en este sentido, no tenía por qué haberse prohibido la entrega de los libros en las escuelas públicas, sólo en los colegios.
Rangel Velásquez lamentó la falta de voluntad por parte de las autoridades aun cuando han jurado cumplir el mandato constitucional, donde los mismos ministros de la Corte han dicho que la emisión de los materiales educativos, entre estos los libros, le corresponde a la federación y no a los estados.
En cuanto a la afectación a los padres de familia, dijo que la principal es la económica, pues han estado desembolsando dinero en copias, señaló la activista, quien dijo, al mismo tiempo se ha estado incumpliendo con la ley al estar utilizando materiales que no están autorizados por la SEP.
“La SEP tiene que autorizar otros materiales educativos y cada quien ha dispuesto lo que tiene a la mano y al alcance con tal de hacer su trabajo, los maestros están batallando y se ven impulsados a realizar esto, lo cual es ilegal”, indicó.
Finalmente, señaló que “lamentamos que cuando llegó la orden al IEA de que se prohibía su reparto en las escuelas y a los maestros la amenaza de que no los consultaran ni los usaran a reserva de ser sancionados, se incurrió en una situación de omisión, donde apenas este 29 de septiembre impugnó el jurídico del IEA y la asociación de padres se han quedado rezagados, porque tienen el derecho de interponer una impugnación y no lo han hecho”, concluyó.
