De acuerdo con la ruta trazada por el municipio y el gobierno del estado, el domingo 22 de octubre MIAA entraría en funciones. Un acontecimiento que generó confusión fue la medida cautelar que el juez cuarto de lo civil de la Ciudad de México decretó.
Se aclaró en un comunicado. El municipio deberá esperar a concretar la cancelación de la concesión hasta que Veolia pueda cobrar los adeudos por los servicios que prestó durante la vigencia de su contrato, no se especifica en ningún momento que MIAA no puede iniciar operaciones, por lo que el lunes 23 de octubre se hizo la presentación oficial de su arranque.
El evento reflejó dos elementos fuera de todo el protocolo; el primero, el presidente municipal y el equipo que se va a encargar de la operación y dotación del agua en la capital, muestran una firme determinación por abordar de la mejor manera posible la tarea, dimensionando perfectamente el tamaña de la responsabilidad que van a enfrentar.
El segundo es que la relación entre Veolia y el municipio se ha hecho cada vez más tensa y es muy posible que escale el conflicto de tal manera que se cancele la posibilidad de encontrar alternativas y por el contrario se presente un escenario de bloquearse el uno al otro.
Si se está calculando que Veolia puede hacer poco y ya está prácticamente fuera del proceso, puede ser una interpretación que pueda tener altos costos.
El origen de todo es que ninguna de las dos partes se preparó con anticipación a estos escenarios. Veolia siempre consideró que tenía el sartén por el mango y que el municipio no estaba preparado para poder reemplazarlo.
Veolia calculaba que el municipio no contaba con los recursos necesarios para operar el servicio. Hablamos de recursos humanos, técnicos, presupuestales, organizativos, etc.
El municipio por su parte no quiso pagar el costo de mantener la concesión en las condiciones de un alto malestar generalizado en la población por los abusos en los cobros y la mala calidad de atención a los usuarios, mucho menos en un año electoral.
En la medida en que fue tomando forma la posibilidad de cancelar la concesión, Veolia planteó un plazo de un año para ir entregando poco a poco los asuntos y poder llegar a un acuerdo en los costos y adquisición del equipo que Veolia ha adquirido, ya que sin la concesión no puede hacer nada con ese equipo, además de otros procesos.
Esta hubiera sido la decisión más acertada para poder hacer un proceso de transición amigable y colaborativo, pero la presión política orilló al alcalde a transitar por un camino más hostil y cerrado.
Esto habla de poco oficio político para resolver asuntos donde hay que pensar en el interés general. Aquí se pensó de manera simplista en la popularidad y la rentabilidad política por encima del interés colectivo, temas que no son excluyentes, se pudieron hacer las dos cosas sin poner en riesgo el sano desarrollo de los asuntos públicos.
Evitar que las cosas se compliquen es una tarea que se tiene que hacer con cabeza fría, el encono y el conflicto son malos consejeros. En este tema todos queremos que el municipio y MIAA salgan adelante en este gran desafío, y que además lo hagan bien.
@normaglzz
