El ya famoso por incombustible Pedro Sánchez alcanzó en días pasados acuerdos con siete partidos regionales hasta sumar 179 sufragios en el Congreso de (las) y los diputados; que en principio le dieron mayoría suficiente para ser investido presidente de gobierno en primera votación, aunque la duración de la legislatura y de su gobierno no está de ningún modo garantizada, siendo su horizonte el de 4 años más al frente del gobierno español. Así, el bloque de partidos que le votó, encabezado por el propio partido de Sánchez (PSOE), la coalición electoral Sumar, (cuya clara misión era disolver a Unidas Podemos), Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya (JxCat), EH-Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. Votaron en contra el posfranquista Partido Popular (PP), su apéndice local Unión del Pueblo Navarro y su escisión de ultraderecha protofascista Vox, que juntos sumarían 171 escaños. Como se sabe, la integración del gobierno permanecía en suspenso desde las elecciones del 23 de julio pasado, porque aun siendo el citado partido PP el más votado, en el sistema electoral español de acuerdo con la Constitución vigente, no gobierna quien más votos obtiene, sino quien más escaños suma en el parlamento. Y por ahora ese es Sánchez. Pero las derechas asalvajadas tienen mal perder, como hemos visto una vez más durante los días pasados y los que vendrán.
A cambio de su apoyo a la reelección de Sánchez, Junts x Catalunya consiguió que el gobierno en funciones del propio Sánchez enviara al parlamento una ley de amnistía que salvará a los políticos catalanes por la incriminación que sufrieron durante y después del referéndum de autodeterminación y la declaración de independencia de 2017. Así, el envío de la reforma y la investidura de Sánchez constituyen una jugada exitosa ante la debacle electoral socialista previa en municipios y comunidades de mayo que amenazaba al gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos). Pero lo más importante: un avance relativo, aunque avance al fin en términos de pluralidad política y aceptación de la legítima diferencia sobre el marco impuesto por el tardo franquismo durante la llamada “transición española” que en los hechos fue más que otra cosa, una carta de impunidad a las instituciones de la dictadura de Franco, incluidos los crímenes de lesa humanidad que aún permanecen impunes. Y no sobra recordar que todavía hoy en España hay cientos de fosas clandestinas, o no tanto, que esconden los restos de miles represaliados de guerra que aún en 2023 esperan justicia y reparación. Sabemos también que la constitución, las instituciones y el sistema político surgidos de ese reaccionario acuerdo cupular, dieron al estado español un cariz centralizado y “españolista”, dentro del cual fue imposible transitar de manera democrática las muchas demandas de los distintos pueblos de España, que no estaban ni están cómodas dentro del arreglo posfranquista y la monarquía resultante, avalada y defendida hasta hoy por el bipartidismo imperante entre 1976 y 2018, hasta el surgimiento del primer gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en 2019. Ya sabemos que los caminos a la democracia no son fáciles en tiempos de pos verdades e infodemia, donde los acuerdos de Sánchez para lograr la investidura desataron una virulenta respuesta de las amplias e históricas derechas cayetanas y cuñadas, que exigen mantener la criminalización del separatismo catalán, y que para protestar toman la calle e incluyen banderas y símbolos franquistas y neonazis, así como consignas misóginas, homofóbicas, islamófobas y otras que vinculan la identidad española con el caballo de don Pelayo.
Desde luego que los pactos de investidura de Sánchez no parecen perfectos, ya de entrada dejando fuera del gobierno a Podemos, pero en una democracia plural y en plena construcción por expreso deseo de la mayoría plurinacional de las Españas, cuentan sobre todo y más que las personas los acuerdos políticos mayoritarios y el rechazo el uso de los poderes fácticos, como las radios y televisiones y el sistema judicial como armas de coerción política (lawfare). Sin duda el gobierno de Sánchez enfrentará enormes retos, derivados todos de su plural conformación, así que para mantenerse en pie durante toda la legislatura y conjurar el asedio de la reacción, será imprescindible anteponer el bien mayoritario de las y los españoles en temas clave como empleo o protección social, salud, educación y respeto a las minorías; todos temas que deberán contar antes que los intereses de partido, grupo y camarilla, reconociendo además a las y los disidentes periféricos que posibilitaron su investidura y privilegiando de manera permanente la política como método mayor de consenso y de diálogo. Ciertamente que en el caso español hay muchas lecciones para la inacabada transición democrática mexicana de las que merece la pena tomar nota, salvando todas las circunstancias y peculiaridades del caso.
COLA. En la Argentina triunfó un tal Milei (claro producto del marketing mediático de las oligarquías autóctonas y foráneas) por cómodo margen en segunda vuelta ante un mal candidato de un pésimo gobierno, donde queda claro que el peronismo es a la Argentina lo que el PRI-PAN a México. Milei es un sujeto esperpéntico sin experiencia política ni de gobierno que habla con su perro muerto, pero que gana la presidencia de su país prometiendo demoler el Estado y sus instituciones en algo que recuerda mucho al caso de Trump o el de Bolsonaro en Brasil, pero peor. Tal vez por eso a la sociedad argentina le urge un psiquiatra, pues la mayoría del electorado optó a sabiendas por Milei. Y no basta ser campeones del mundo y tener un Papa en Roma para hacer viable un país. Acá la calurosa felicitación a Milei de la señora de las gelatinas, hoy convertida en precandidata única a presidenta por el inefable dúo PRI-PAN, la retratan nítidamente.
@efpasillas
