Cuando comenzó el conflicto de la 4T con el Poder Judicial de la Federación, mi primera reacción fue defenderlo por la importancia que reviste, proteger desde todos los ámbitos su autonomía: técnica, económica y de selección. Esta última está en tela de juicio dada la amplia manga que tiene el presidente para nombrar ministros de la SCJN, pero al menos una parte importante del resto de los funcionarios son nombrados por un consejo de la judicatura, que si bien no escapa a problemas (el nepotismo es la madre de todos ellos) al menos tiene mecanismos que permiten llegar a los mejores, por cierto felicito a mi amigo y ex compañero de universidad Julio César Ortiz Mendoza, quien fue nombrado magistrado de circuito, un tipo brillante y trabajador que llega por méritos propios, como muchos de ese poder que sí se someten a exámenes. Hay otros que están a la sombra de algún funcionario, magistrado o juez, que no hacen exámenes, pero en fin ese es otro problema.
La defensa no debe estar ajena a las críticas, y hay algo real en torno a la justicia y el poder judicial, tanto federal, como local: son elitistas. Me refiero a que sólo son para un pequeño grupo de mexicanos que tienen acceso principalmente a recursos económicos para tramitar los juicios. Porque efectivamente, aun cuando la justicia, el costo administrativo de usar los tribunales, en México es gratuito, todo lo demás que gira en torno a ello, es sumamente costoso: abogados, peritos, y sobre todo el tiempo necesario para atender los asuntos en un anquilosado y lento aparato burocrático judicial que se resiste a emigrar, por ejemplo, a lo digital.
Algunos me criticarán señalando que existen institutos de defensoría para quienes no cuentan con recursos; sin embargo, no son accesibles a todos, por las distancias y en especial por la falta de conocimiento, el analfabetismo en torno a los derechos humanos y las funciones del estado en su protección; pensemos en aquellas indígenas violadas por militares en la sierra alta de Guerrero ¿Sabrían que tenían derecho a asesoría legal? Si el hospital donde se atendieron estaba a horas de su casa ¿A cuánto estaría la oficina de defensoría más cercana? ¿Tendría ganas de denunciar después de haber sido ultrajada por elementos del estado, el mismo que se supone le va a hacer justicia? Este es el extremo, pero hay muchos casos así, que pasan todos los días. Les cuento uno muy común: personas a las que, vivales, les deben dinero, poco dinero, y no les quieren pagar; no pueden ir a juicio porque el solo tiempo y costo del abogado, hace inviable demandar, y tienen que perder su patrimonio.
La “justicia” es más que el poder judicial, es una tesis que varios creemos desde hace tiempo y tiene que ver, desde mi perspectiva, principalmente con que el estado garantice los derechos humanos sin necesidad de ir a juicio, sin necesidad de amparos o demandas; porque incluso, el común de la población desconfía de estos funcionarios o jueces porque, como decía Jean Valjean en Los miserables: “Es cosa que oprime el corazón ver esos grupos de hombres vestidos de negro, que hablan en voz baja a la puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar caridad y compasión en sus palabras; en cambio se encuentran condenas anticipadas. Tales grupos se presentan al que los observa como sombrías colmenas, o como espíritus zumbantes que construyen en común toda clase de edificios tenebrosos”.
