- Los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, destacan legisladores
Con el voto unánime de 76 senadores, la Cámara Alta avaló el martes 13 de febrero una reforma a la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en comunidades indígenas.
Los legisladores avalaron una reforma para establecer en el artículo 2 de la Carta Magna el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores.
El dictamen, que fue turnado a la Cámara de Diputados, plantea que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.
Los senadores señalan que si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, se destaca en el documento.
Al fijar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confió en que ningún grupo parlamentario en el Senado se opondría a aprobar esta enmienda por mera “politiquería”, pues no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.
La senadora panista Josefina Vázquez Mota advirtió que México ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se rebelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
La senadora petista Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y transgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
