Despúes de casi doce años de proceso la suprema corte de justicia de la nación resolverá el caso “Acteal”
Hace algunas semanas, en diversos periódicos de circulación nacional, se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió postergar la resolución del Caso de Acteal, para el mes de agosto. La fecha de resolución se acerca, después de casi doce años de ocurridos los hechos y un año después de que la Corte decidiera atraer el caso de más de 50 indígenas tzotziles acusados de la matanza por los hechos de Acteal.
Contrario al plazo razonable de un año que establece la Constitución Mexicana para el procedimiento penal, los de 50 indígenas han vivido casi doce años presos, sin que se les haya determinado su plena responsabilidad en los hechos del 22 de diciembre de 1997, inclusive uno de los procesados, Gregorio Vázquez, falleció durante el proceso sin que se le haya demostrado su culpabilidad en el mismo.
El proceso de Acteal está compuesto por más de 60,000 hojas, mismas que se encuentran plagadas de errores y violaciones procesales, en donde se denota la incapacidad institucional del sistema penal mexicano de respetar el derecho a un juicio justo, ni de los procesados ni de las víctimas.
Fuera de cualquier mínimo estándar de Debido Proceso, los jueces que han revisado las causas penales de Acteal, han validado pruebas ilícitas, tales como listas de acusados realizadas por policías judiciales introducidas por testigos que no sabían leer y escribir, así como declaraciones inverosímiles que señalas más de sesenta personas agresoras por nombre y apellido y álbumes de fotografías de los procesados aportadas por el Ministerio Público, apartadas de los estándares de legalidad de la prueba.
El caso de la Matanza de Acteal fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio del año pasado y ahora se enfrenta a la tarea de analizar el caso, frente a los estándares mínimos de Debido Proceso establecidos por nuestra Constitución y diversos Tratados Internacionales. De esta forma, Acteal puede ser el mecanismo para que la Suprema Corte instrumente y establezca criterios claros que definan cuáles son las garantías del Debido Proceso que todo ciudadano goza cuando se encuentra dentro de un proceso penal.
Maximiliano Cárdenas Denham
Lic. Derecho
