- Poner en receso inmediato a los “Servidores de la Nación” es una de las exigencias de investigadores, académicos y exintegrantes del IFE, INAI y la SCJN en un informe sobre el arranque de las campañas, en el que señalan a la violencia criminal como el mayor riesgo rumbo a junio
Además de la violencia criminal y la persistente intromisión del presidente de la República, otro factor amenaza la integridad del proceso electoral: la utilización ilegal de los programas sociales del gobierno federal para ejercer coacción o comprar el voto.
El Observatorio Ciudadano 2023-2024 del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C. (CEPNA) publicó este lunes un reporte referente al inicio de las campañas rumbo a los comicios de junio próximo, en el que señala los principales riesgos y amenazas que enfrenta el proceso electoral.
El CEPNA se define a sí mismo como un think tank dedicado a la investigación y el análisis de los problemas relevantes de México en los ámbitos económico, político, electoral y de desarrollo social.
Fundado por investigadores y académicos, en 1991 organizó el primer grupo de observadores ciudadanos del proceso electoral federal; fue institución asesora en las reformas electorales de 1994, 1996, 2005 y 2007-2008, y ha participado en las tareas de observación electoral con el apoyo del IFE/INE en los procesos 2012, 2015, 2018, de acuerdo con su página web.
El Observatorio Ciudadano está coordinado por el académico Jorge Alcocer Villanueva y cuenta entre sus integrantes a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte; María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal Electoral y excomisionada presidenta del INAI; el jurista Diego Valadés; Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y Arturo Núñez, exgobernador de Tabasco, entre otros.
En el documento, el Observatorio Ciudadano subraya los puntos que considera de mayor relevancia para la integridad del proceso electoral y la jornada del domingo 2 de junio.
Violencia criminal, el mayor riesgo
Tal y como lo han señalado tanto analistas como organizaciones civiles y varios actores políticos, el Observatorio Ciudadano coincide en que la violencia criminal es el mayor riesgo para la seguridad de las candidatas y los candidatos y para el desarrollo normal de las campañas.
“Es indispensable que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno coordinen su acción y garanticen la protección de quienes participan, directa o indirectamente, en el proceso y las campañas electorales”, plantea en el primer punto de su informe.
En cuanto a la fiscalización del gasto de campañas, plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha mostrado debilidades preocupantes en este ámbito, “a la par que la presión de los partidos políticos para eludir o evitar ser fiscalizados y sancionados se realiza de manera casi abierta”.
También sobre el organismo electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el grupo de especialistas considera que persisten condiciones anómalas en la integración y funcionamiento de las autoridades electorales.
“En el INE la Secretaría Ejecutiva, varias direcciones ejecutivas y unidades técnicas, funcionan teniendo al frente encargados de despacho. En la Sala Superior persisten las vacantes de dos magistraturas, en tanto que las salas regionales y los tribunales locales padecen similar -o peor- situación. Exigimos a los senadores de Morena, PT y PVEM acatar la Constitución y permitir la elección de quienes ocupen esos cargos”, plantea el Observatorio Ciudadano.
Receso a los “Servidores de la Nación”
Los integrantes del Observatorio Ciudadano advierten que la utilización ilegal de los programas sociales, federales, estatales y municipales para coaccionar o comprar el voto es una de las mayores amenazas a la integridad de este proceso electoral.
“Hacemos un llamado a sus beneficiarios para rechazar y denunciar cualquier presión, intimidación o condicionamiento que reciban de cualquier autoridad o persona, y pedimos al INE difundir mensajes en TV y radio para orientar a los ciudadanos en este tema”, demandan los especialistas.
En ese contexto, exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno suspender de inmediato toda acción no urgente relacionada con los programas sociales y sus beneficiarios.
De la misma forma exigen “poner en receso inmediato a los llamados ‘Servidores de la Nación’, que deben cancelar sus actividades hasta que concluya la jornada electoral del domingo 2 de junio”.
“La neutralidad no es optativa”
El pronunciamiento cuestiona las recurrentes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de su movimiento. “Pese a la Constitución y las leyes, pasando por encima de acuerdos y sentencias, el presidente de México persiste en entrometerse en el proceso electoral para favorecer a su partido y a sus candidatos. La neutralidad electoral de los servidores públicos no es optativa, es una obligación constitucional”.
“Nuevamente exigimos al presidente, a los gobernadores, presidentes municipales, y a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y poderes públicos, cumplir con el mandato constitucional”, demanda el Observatorio.
Previamente, los especialistas llaman a evitar la calumnia, el discurso de odio, la violencia contra las mujeres, la polarización, la mentira y la descalificación del adversario, como una conducta requerida “para que la democracia exista”.
