- El Gobierno Federal incumplió en la presentación de un informe que muestre la realidad que viven miles de personas víctimas de desplazamiento forzado; organizaciones se dicen sorprendidas por la incongruencia mostrada por esta administración
El Gobierno Federal incumplió en la presentación de un informe que muestre la realidad que viven miles de personas víctimas de desplazamiento forzado en México a causa de la violencia en sus comunidades; organizaciones sociales le recuerdan la importancia que este tema merece, la urgencia de soluciones y les sorprende la incongruencia en esta administración.
El avance y aprobación de la Ley Sobre el Desplazamiento Forzado Interno en el Senado, así como la asignación de presupuesto para enfrentar esta realidad en México, son de las principales demandas que sostienen las agrupaciones que permanecen atentas a esta situación que viven mexicanos en su propio país.
También recuerdan a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que esta información no puede postergarse porque se trata de un fenómeno que cada vez abarca más regiones.
“Una de las ideas centrales es que es una problemática a escala nacional que debe ser prioritaria porque sirve como una articulación, por así decirlo, de muchas violencias y delitos previos, y también durante el estado de desplazamiento forzado que viven las personas”, dice a Proceso el Observatorio Seguridad Humana de la región de Apatzingán.
Para esta organización, que también forma parte de un colectivo nacional sobre la materia y participa en las misiones de la relatora del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, abordar esta problemática es una oportunidad para avanzar en una serie de materias o de temas delictivos que están asociados.
Este 11 de abril, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le planteó la problemática del desplazamiento forzado interno durante la conferencia matutina, con base en la serie de reportajes que publicó Proceso con Connectas, en el que una de las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es que, “hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima”.
Esta organización no gubernamental, que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, también informa que “tan sólo en 2023, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se presentaron 25 eventos”.
El compromiso de López Obrador
La respuesta del mandatario federal fue el compromiso de presentar un informe: “Si te parece, el martes vamos, como cada 15 días, a tener el informe de seguridad y le vamos a pedir a Rosa Icela que presente un informe sobre los desplazados. Que nos hable de eso para que tengamos toda la información”; también comprometió que habría información sobre los mexicanos que han pedido asilo a Estados Unidos por estas causas. Este martes no se presentó nada de esto.
No hubo mención ante esta falta y solo hubo respuesta hasta que se les planteó el compromiso que hizo el presidente; solo así la secretaria de Seguridad expuso: “Como lo ofrecí en el gabinete, le ofrezco una disculpa porque no concluimos el informe, pero le prometo en breve, como también lo dije en el gabinete, hacerlo. Lo revisé y ya era muy tarde, y tenía algunas cosas, ese fue el tema. Me disculpo, por favor”. El jefe del Ejecutivo federal no hizo ningún comentario.
Ante este hecho, el Observatorio Seguridad Humana de la región de Apatzingán publicó en su cuenta de X: “Ayúdenos a recordarle a @rosaicela_ que estamos al pendiente de las acciones que el @GobiernoMX está tomando sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Michoacán, en su próximo Informe Abril 30”.
En entrevista con Proceso también declararon: “Nos sorprende la incongruencia de esta administración al ser la primera administración federal en reconocer desde su Subsecretaría de Derechos Humanos que es un problema prioritario, posteriormente la aprobación en la Cámara de Diputados incluyendo la bancada mayoritaria de Morena de la ley Sobre el desplazamiento forzado interno que lamentablemente se mantiene congelada desde septiembre del 2020 en el Senado”.
Aunque el legislativo es un poder independiente y sus decisiones no deberían ser adjudicables al Ejecutivo federal, “todos sabemos la influencia que sobre sus bancadas mantiene y por lo tanto vemos esta incongruencia extendida también hasta la labor legislativa”.
Se trata de una situación que no solo responde a una lógica electoral y de discurso desde el poder; también refleja la falta de disposición para destinar los recursos necesarios para un problema tan complejo.
“La falta de estos marcos normativos hace que algunas dependencias públicas que tendrían concurrencia o corresponsabilidad en su atención se debatan sus áreas de competencia. Particularmente está la unidad de Política migratoria y registro de identidad de la Secretaría de Gobernación y, por otra parte, la Comisión Mexicana de Atención a los Refugiados, dos áreas de Gobernación que no nos queda claro cómo trabajan en beneficio de las personas desplazadas internas”, asegura el Observatorio.
Esta organización, con participación en el informe Examen Periódico Universal (EPU), acota que este señalamiento no necesariamente es una crítica al trabajo del gobierno, porque agradecen los esfuerzos que estas dos áreas de Gobernación han realizado; sin embargo, al final “no han logrado el objetivo de beneficiar a las personas que siguen encontrándose en esta circunstancia”.
El Gobierno Federal exhibió que no cuenta con la información actualizada y de forma constante sobre este fenómeno, dado que, por ejemplo, cuando se abordan otros temas económicos o, incluso de migración, siempre tienen listas las gráficas con los datos.
Los activistas recuerdan que organizaciones con años en esta labor tienen que monitorear con lo que encuentran en campo y al margen de la información oficial, con la que han podido documentar que Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia de este fenómeno.
“Por lo tanto resulta muy relevante que tengamos claridad en la forma en que el gobierno está abocándose a su tratamiento, la información que maneja, la metodología con que la obtiene y las decisiones que toma con base en ello. En este momento es una incógnita a pesar de que existen ya bastantes fuentes”, afirman.
Estas fuentes no son exactas, indican, pero ocurre precisamente porque no se tiene a todo el aparato del Estado para recuperar y documentar los distintos eventos de desplazamiento. “Definitivamente nos interesa mucho saber cómo es que tienen valorada la situación actual y la ruta a seguir”, afirman.
Sin olvidar que el contexto de Coahuayana, Michoacán, fue el detonante, dado que era un lugar al que iban las personas desplazadas de otras comunidades y otros municipios, pero por el reciente ataque es necesario insistir en que “las personas desplazadas internas tienen mayores vulnerabilidades que de por sí tenemos la ciudadanía en general frente a eventos de violencia generalizada, porque no se encuentran en su lugar de origen”, donde, además, sí tenían las redes de apoyo que ahora no tienen.
