- Levantan plantón de Palacio Nacional
- Antes de dejar el plantón, los padres y madres de los desaparecidos reprocharon la actitud “soberbia y prepotente” del presidente, quien “no pudo darnos verdad y justicia”
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 levantaron este martes el plantón que mantenían frente a Palacio Nacional, luego de que en la víspera recibieron una notificación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibirá el próximo 3 de junio a las 11 horas.
La retirada de los padres y madres ocurrió no sin antes reprochar al presidente su actitud “soberbia y prepotente”, y por anteponer “los intereses político-electorales sobre 43 vidas de jóvenes que sólo querían estudiar y vivir mejor”, toda vez que alegó la veda por el proceso electoral para no recibirlos antes de la jornada electoral.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace casi diez años, habían instalado un plantón al término de la marcha que encabezaron el viernes 26 de abril, como parte de la 115 Acción Global por Ayotzinapa, para exigir una reunión con el presidente López Obrador, a quién habían buscado formalmente desde los primeros días de marzo.
Las madres Cristina Bautista, Hilda Legideño e Hilda Hernández fueron las encargadas de fijar el posicionamiento antes de dejar el plantón, instalado luego de que López Obrador hubiese condicionado el encuentro a que los padres y madres asistieran sin sus representantes legales y después de las elecciones, al sostener que se veía imposibilitado hacerlo previo a la jornada del 2 de junio por la veda electoral.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, reconoció que no se retiraban “tan contentos”, porque su exigencia es digna y lo único que buscan con el encuentro con el presidente es saber “cómo van las investigaciones y cómo van las búsquedas en el campo”, toda vez que ha sido el mismo López Obrador quien ha sostenido que él personalmente da seguimiento al caso Ayotzinapa.
Bautista recordó que, desde septiembre del año pasado, se rompió el diálogo entre los padres y madres y el gobierno federal, luego de que dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedaban dejaran el país tras señalamientos contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de negarles el acceso a más de 800 folios de documentos en los que habría información sobre el paradero de los jóvenes.
“Tenemos derecho de saber la verdad, necesitamos saber qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014”, dijo Bautista tras recordar que el mes pasado el presidente ofreció responderles en 15 o 20 días después de que entregaron la petición formal de reunión, respuesta que no llegó y, por el contrario, el 7 de marzo se registró la ejecución en Guerrero de otro estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, que había participado en el derribo de una de las puertas laterales de Palacio Nacional, el 6 de marzo.
AMLO “no pudo darnos verdad y justicia, y ya está de salida”
Las señoras Hilda Legideño e Hilda Hernández, madres de Jorge Antonio Tizapa y César Manuel González, respectivamente, leyeron un pronunciamiento en el que resaltaron que después de varias horas de discusión, luego de recibir la notificación presidencial, decidieron “no tensar más las relaciones con el presidente que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia y ya está de salida”.
En sus valoraciones consideraron que “sería una confrontación estéril seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral”, las madres reprobaron “la insensibilidad y prepotencia para reinstalar el diálogo”, luego de que se rompiera en septiembre del año pasado, lo que se ha convertido en “un tormento” por la negativa de entregar información del Ejército y desconocer el avance de las líneas de investigación.
Puntualizaron que a los padres y madres de los 43 “no nos mueve lo electoral ni los cálculos políticos, sólo queremos saber cómo avanzan las indagatorias del paradero de nuestros hijos”, por lo que confirmaron su asistencia el 3 de junio a Palacio Nacional con sus abogados y organizaciones de derechos humanos que los han acompañado en los casi diez años de búsqueda.
Ante el próximo cumplimiento de un año más de “esta pesadilla siniestra que no termina”, los padres y madres de los 43 normalistas sostuvieron que “el próximo gobierno tiene la obligación ineludible de retomar las investigaciones y esclarecer el caso, sea el gobierno que sea y de cualquier partido, nuestra exigencia será firme y será la misma”.
De acuerdo con el pronunciamiento respaldado por los familiares de los jóvenes desaparecidos, saber que en la indagatoria hay “testigos y pruebas” de que 25 de los muchachos “fueron llevados al 27 batallón de Infantería ubicado en Iguala, Guerrero, torturados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado e incinerado, “laceran nuestro corazón y trastoca nuestras vidas, nuestro dolor y sufrimiento calan nuestra alma”.
Al reprochar que el presidente haya antepuesto “los intereses político- electorales” a informar sobre las investigaciones del destino de los 43 normalistas, las madres preguntaron: “¿Qué de electoral tiene saber qué pasó con los 25 jóvenes? ¿Qué de electoral tiene saber dónde se llevaron a los 17 estudiantes?”.
Critican actitud “soberbia y prepotente” del presidente
Las madres sostuvieron que “los cálculos políticos del presidente”, y su actitud “soberbia y prepotente” que sólo les ha lastimado porque en el caso Ayotzinapa sólo hay “la apremiante necesidad de saber qué pasó con nuestros hijos”.
El reclamo continuó, insistiendo en que “este gobierno ha decidido darnos una reunión privilegiando sus intereses electorales y partidistas pisoteando el derecho a la vida”.
En la víspera, los padres y madAMLO acepta recibir a los padres de los 43res se reunieron con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez, quien les informó sobre el proceso de identificación de algunos cuerpos localizados en las inmediaciones de Iguala, sin que hasta el momento haya resultados positivos.
El fiscal tampoco resolvió las exigencias de los familiares de tramitar ante la SEDENA la entrega de los 800 folios que posee el Centro Militar de Inteligencia (CMI), que tendrían información sobre el paradero de los jóvenes.
