- Nuevos consejeros, mismos comportamientos
- El INEGI y sus secretos
- Siguen las luminarias en el municipio (las leds)
Lamentable, por decir poco, fue la “presentación en sociedad” de los nuevos comisionados de transparencia ayer, cuando tomaron posesión del cargo.
Como esta columna lo adelantó, María Cristina Díaz León fue electa presidenta, pero por lo que se vio ayer es que será Ángel Hernández Arias quien lleve la batuta del acceso a la información en los próximos cuatro años. Ambos aseguraron que el personal de alrededor, en todas las áreas, se queda.
Díaz León exhibió poco carácter para encabezar un organismo que, por naturaleza, representa intereses de la ciudadanía frente a los poderes de gobierno. Eso se reflejó desde que permitió que precisamente Hernández Arias respondiera a la pregunta que se le hizo sobre su trayectoria y experiencia en la materia.
Incluso reconoció que la transparencia y el derecho de acceso a la información “es un tema que siempre me ha interesado; desde que se empezó con la formación del IFAI en la Ciudad de México he estado en contacto con las personas que empezaron con eso y es algo que me interesa mucho, pero que sea algo que yo haya hecho público o que pertenezca al ámbito público, no” y que en su vida han sido pocas las solicitudes de información que ha hecho.
Ángel Hernández, por su parte, mostró carácter desde el momento en que salió del Congreso tras ser nombrado comisionado y volvió a hacerlo ayer. También dejó ver que es el que tiene más experiencia en el tema y que lleva una muy buena relación con los representantes veteranos de los medios de comunicación.
Su actitud y su identificación priísta dan la sensación de que en los próximos cuatro años habrá pocos avances legislativos en cuestión de información pública y sujetos obligados –no es que en este tiempo haya habido muchos- y que aquella información que no sea del gusto de la autoridad gubernamental no será tan fácilmente entregada.
María Elena Martínez, joven y, según dicen, preparada, simplemente no figuró.
Esperemos que en los próximos meses los comisionados nos demuestren que estamos equivocados.
Lo que comenzó como una “simple” decisión interna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mejor conocido como el INEGI, en relación al cierre de su hangar parece que se convirtió en un talud que si bien no matará a mil, si está aplastando a unos cuantos y es que esta decisión tiene detrás muchas cuestiones poco claras que quienes más padecen son obviamente los trabajadores justo de esta área.
¿Quién decidió cerrarlo?, ¿por qué lo cerraron?, ¿quiénes decidieron que los trabajadores de esta sección que estaban en gira debían regresarse a media expedición para encontrarse con la noticia de que lo cerrarán? Y es que aunque efectivamente el INEGI hacía uso de las “concesiones” para ciertos trabajos o servicios, la verdad es que detrás de la “privatización” del servicio de las fotografías aéreas hay muchas dudas.
Incluso hubo ya personas despedidas en torno a este caso, sin embargo los empleados y el propio INEGI como lo ha hecho en otros casos permanece hermético y después de la primera información pública que se ventiló sobre el caso, nada claro se ha sabido, bien dice que el que nada debe, nada teme, pero al parecer aquí sí hay cosas que temer o cuando menos que esconder.
Resulta que aunque el convenio de cambio de luminarias tradicionales a luminarias leds en el municipio de Aguascalientes ha desaparecido de cualquier orden del día que ronde por el Cabildo; los inicios de este proyecto se remontan a su presentación ante el secretario de Administración, Manuel Zúñiga Robles y el alcalde con licencia, Gabriel Arellano.
Fue una persona ajena al municipio y al gobierno del estado el que llegó a exponerles el caso de estas luminarias, pero no tenía otro propósito mas que recomendarles una empresa europea para ponerse en contacto y quizá pactar un convenio.
Pero ni tardos ni perezosos, los funcionarios comenzaron a maquilar una de estas empresas, constituida como “energía verde” de la que hasta la fecha sólo se saben rumores de su verdadero dueño, lo que es cierto es que sólo bastaron dos meses para que fuera considerada como la mejor opción de inversión que tenía el ayuntamiento.
