Martínez Romo indicó que, en el caso de los delitos graves, que es cuando menores han privado de la vida a las personas, es difícil que sean sujetos al proceso como lo fuera un adulto
De acuerdo con datos del Poder Judicial en el estado de Aguascalientes en promedio, por año, 150 carpetas de investigación a menores de edad son llevadas ante un juez por diversos delitos.
En un recuento de las carpetas que han sido judicializadas desde el año 2018, se puede observar que los años con un mayor índice de carpetas que fueron judicializadas fue en el año 2019, con 210 carpetas y el año 2022, con 199.
Te puede interesar En promedio 26 personas desaparecen por día en México
En lo que respecta al año más bajo justamente fue el 2018, solo con 87 carpetas. En lo que respecta al año de 2020, fueron 149 carpetas judicializadas; 2021 fueron 152, mientras que, en el año 2023, fueron 150 y en lo que va de este 2024 se tienen 50 carpetas judicializadas, con un estimado de 150.
En este sentido, no se puede apreciar un incremento claro en los últimos años sobre los menores que son enviados ante un juez por haber cometido un delito, sin embargo, cada vez son más los menores que participan en actos delictivos, de acuerdo a lo señalado por el secretario de seguridad pública municipal, Antonio Martínez Romo.
El jefe policiaco consideró el tema de los menores infractores como algo complicado y que hay que atender ya que la gran mayoría de las personas que se detienen, en el caso de faltas administrativas o algún tema de delitos, van involucrados menores desde los 12 o 13 años hasta los 17.
Indicó que, a la hora de presentar a los menores ante la autoridad correspondiente, por su calidad de menores, son los que más salen con mayor prontitud o no son susceptibles de sujetarlos al proceso, en el caso de falta administrativa o de algún delito.
Es por esta causa, explicó, que se habla mucho de que las personas, en el caso de delitos, se hacen de los servicios de menores con la intención de que si son susceptibles de una detención o un arresto, por su calidad propia de menor, sean más factibles sus salidas sin mayor contratiempo, siempre y cuando, también, no sea un delito grave.
Al cuestionarle que tan necesario era reformar la ley para dar penas más altas a los menores que incurren en delitos graves, indicó que es complicado “no tanto es el hecho de reformar, sino que hay que observar todos los tratados internacionales que hay a nivel mundial de los cuales México es parte y hay que estar atentos en ese sentido, porque a nivel internacional también se cuida mucho la protección de las niñas, niños y adolescentes”.
Martínez Romo indicó que, en el caso de los delitos graves, que es cuando menores han privado de la vida a las personas, es difícil que sean sujetos al proceso como lo fuera un adulto, como en el caso de un feminicidio que tiene una penalidad máxima, pues “hay algunas condiciones que tenemos que observar en el caso de un MP o un juez para dictar una sentencia”, señaló.
Recalcó que el caso de menores es muy especial incluso para la policía cuando hay que detenerlos en la calle, donde en la gran mayoría de las riñas que se atienden son menores los que participan e incluso, portando armas blancas o machetes.
