- Ahora le toca a la SEDEC
- El caso Zacatecas salpica
- Encriptado, el nuevo gabinete
La más reciente de la SEDEC. Ahora resulta que por ahí andan volando 16 millones de pesos del programa “Orgullo Aguascalientes” que fueron bajados a través de la Secretaría de Economía (SE) y que no han sido justificados. Total, que la siguiente administración arregle el desbarajuste.
Así concluye un sexenio de cuentas no muy claras no sólo en esa dependencia, sino en varias, y lo malo es que en este juego entre políticos, al final, siempre se arreglan de una u otra forma y nunca o casi nunca se castiga a nadie con estas irregularidades.
Y si de irregularidades a irregularidades vamos, habrá que estar al pendiente de al menos dos empresarios-políticos hidrocálidos que aparentemente están siendo señalados en presuntas irregularidades del gasto del gobierno de Zacatecas, ahora que se desató la guerra entre el gobierno de Miguel Alonso contra la ex gobernadora Amalia García.
Ambos personajes hidrocálidos trabajaron acá durante los gobiernos panistas. El primero lo hizo en el de Felipe González González y el segundo durante el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat.
Los nombres de ambos ex funcionarios nos los reservaremos hasta que sea el propio gobierno de Zacatecas el que los revele o hasta que se revelen oficialmente estas presuntas irregularidades.
El primero de los funcionarios, el que trabajó para el gobierno de González González presuntamente habría cobrado en Zacatecas alrededor de 15 millones de pesos en tres partidas, con tres empresas distintas.
El segundo, el que trabajo durante el sexenio de Reynoso Femat, habría dado servicios a varias dependencias de Zacatecas bajo el rubro de “Tecnologías de la Información” otorgando servicio, entre otras dependencias, al DIF, a algunos Ceresos, al Instituto del Deporte de Zacatecas, a Seplader, al Instituto Zacatecano de Cultura, a Protección Civil de Zacatecas, entre otros.
Pero esta empresa no solamente hizo negocios de el rubro mencionado, sino que también rentó espacios publicitarios en carreteras, espectaculares, pues, al gobierno del estado vecino.
Ojalá que el informe del que presuntamente tienen copia ya en el Congreso del estado de Zacatecas y en el de Aguascalientes (además de esta redacción, por supuesto) no sea más que un informe de lo que le compraron a estos empresarios-políticos hidrocálidos y que no halla ninguna irregularidad en la compra de los servicios prestados.
Sin importar quién o quienes salgan afectados, en la junta local de conciliación y arbitraje se protegen las transas del Instituto de Salud.
Además de indemnizar los despidos injustificados con un inmueble sobre el que ya pesan varios embargos, ahora en la junta especial número 4 de la local de conciliación y arbitraje se niegan a ejecutar el oficio para que el último amparo conste en el Registro Público de la propiedad, aunque ya lo ordenaron en el expediente.
La razón: no quieren. Así, simple y sencillamente.
Y vaya que sí se ha mantenido con total hermetismo la formación del nuevo gabinete que llegará al gobierno estatal. Ya se ha concluido, obviamente, la entrega-recepción en varias dependencias estatales y ni siquiera a quienes están recibiendo o entregando se les ha informado quiénes llenarán los espacios que a partir del 1 de diciembre dejarán los empleados de Reynoso Femat.
Aunque muchos de esos perfiles ya están definidos, Carlos Lozano no ha hecho oficial nada de nada, asegurando que solamente están seguros su esposa en el DIF y su chofer, Marcial, que por cierto, quienes lo conocen, lo califican de ser una persona seria, entregada y lo más importante de todo en estos casos, muy discreta.
Lo que sí extraña es la decisión del actual gobierno de pedir la “suspensión” de solicitudes de transparencia “mientras se acomoda el nuevo gabinete”. Por eso la democracia mexicana es calificada de democracia bananera. No es concebible que en países de primer mundo un derecho calificado como derecho humano de cuarta generación, la transparencia, se suspenda por un simple cambio de gobierno.
Esto comprueba la hipótesis de que las instituciones en este país, en su mayoría, nomás no funcionan ni hay interés en que funcionen total ¿para qué? Siempre soslayar las necesidades ciudadanas, como en este caso, la de poder tener acceso a la información PÚBLICA parecería ser labor de todos los días, no sólo en Aguascalientes, sino en el resto del país y por supuesto, a nivel federal.
