Organizaciones civiles e indígenas demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Salomón Céspedes Peregrina que se reponga la investigación sobre el asesinato del adolescente Cristian Manuel Gobierno Silverio, de 15 años de edad, ocurrido en Huitzilan de Serdán el 1 de junio.
Según sus familiares, el menor indígena fue localizado desnudo con signos de tortura y abuso sexual a las orillas del río Ateno en este municipio de la Sierra Nororiental de Puebla, considerado uno de los bastiones de la organización Antorcha Campesina.
Los pobladores acusan como principal sospechoso de este crimen al maestro de deportes del menor de edad, sin embargo, hasta ahora las investigaciones habrían sido entorpecidas y manipuladas porque el sospechoso es militante de Antorcha Campesina y estaría siendo protegido por esa organización que mantiene el poder en este municipio desde hace más de tres décadas.
En el desplegado publicado en la prensa local, se advierte que en este caso ha habido una serie de irregularidades, como que el Ministerio Público no se presentó al lugar de los hechos a levantar el cuerpo y en su lugar la policía municipal fue la que entregó el cadáver a la madre, “violando protocolos de procedimiento de operatividad ministerial”.
Igual señalan que las autoridades emitieron información “falsa” respecto al lugar de los hechos y causas de la muerte del niño, además de que responsabilizan a la madre de que no se le haya practicado la autopsia, sabiendo que era obligatoria en casos como éste.
Aparte, las organizaciones exponen que la madre de Gobierno Silverio fue víctima de intimidaciones por parte de las autoridades e incluso la amenazaron con arrestarla al día siguiente de la muerte de su hijo.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Rubén Jaramillo, el Consejo Tiyat Tlali Sierra Norte, la Sociedad de Cooperativas Tosepan Titataniske, Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) y Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), piden reponer las investigaciones sobre este presunto asesinato que a casi dos meses sigue impune.
También demandan abrir una investigación contra autoridades y personas que pudieran estar involucradas en la alteración de información y de procesos que han obstaculizado la justicia.
