Una sugerencia a través de una llamada telefónica fue suficiente motivo para que Sara Bruna Quiñónez Estrada dejara su cargo como fiscal de Sinaloa. La llamada salió del gobernador Rubén Rocha Moya. Él le “aconsejó” separarse del cargo, presentar su renuncia. Todo esto como compañeros del movimiento, no como gobernador. Y así fue.
“Yo hablé con ella, yo le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir”, dijo a medios locales cuando fue cuestionado sobre la renuncia. Horas antes, el mismo gobernador fue el primero en informarlo.
Lo dijo antes que nadie. Esto, en medio del velo de dudas que cubre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su rival político, caso que la Fiscalía General de la República (FGR) absorbió, y cuyo informe evidenció graves omisiones de la dependencia hasta entonces a cargo de Sara Bruna.
Sin embargo, con la renuncia de Quiñónez Estrada la vacancia en el cargo de fiscal general de Sinaloa no es nueva durante los casi tres años de ejercicio del poder de Rubén Rocha Moya. Va por su tercer nombramiento. Antes que Sara Quiñónez, Juan José Ríos Estavillo presentó también su renuncia voluntaria. Iba por su cuarto año de los siete para los que fue electo por el Congreso de Sinaloa.
Autonomía a la medida
La Fiscalía General del Estado (FGE) es un órgano autónomo. Su titular es elegido por el Congreso Estatal, luego de recibir una terna seleccionada por el Poder Ejecutivo. Esto ocurre a partir de una reforma que dio autonomía a la hasta entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo titular duraba en el cargo seis años y era renovado cada cambio de gobierno estatal.
A partir de 2017 obtuvo su autonomía para dejar de formar parte del Poder Ejecutivo, ampliando la duración en el cargo de seis a siete años.
Ese año el gobernador era Quirino Ordaz Coppel, y luego de un proceso de selección, el cual consistió en elegir una terna entre los aspirantes, misma que fue votada desde el Congreso del Estado. El primer ungido como fiscal general de la recién autónoma institución procuradora de justicia fue Juan José Ríos Estavillo.
Hasta antes de ese cargo fue dos veces ombudsman en Sinaloa. Su gestión como fiscal no fue positiva en la recién creada Fiscalía. Apenas meses más tarde de su elección le tocó enfrentar el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.
Además, en 2020, de acuerdo con los documentos de Guacamaya Leaks, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lo catalogó como un fiscal no confiable.
Por eso, a la llegada de Rocha a la gubernatura, candidatura impulsada por Morena y apuntalada por el PAS (Partido Sinaloense), Sara Bruna encontró unanimidad en el Congreso de Sinaloa para ser elegida por siete años en el cargo como fiscal general del estado.
Ríos Estavillo fue electo fiscal en marzo de 2017, y en octubre de 2021 presentó su dimisión ante los legisladores locales.
He considerado que éste es el momento para retirarme voluntariamente de mis labores en la Fiscalía estatal, por así convenir a mis intereses.
Explicó Ríos Estavillo en la carta de renuncia entregada al Congreso.
Su renuncia fue anunciada también por el gobernador Rocha a finales de octubre de 2021.
“Yo tengo un acuerdo con el fiscal (Ríos Estavillo) que lo hemos trabajado juntos el gobernador actual (Quirino Ordaz Coppel) y su servidor con él, de que vamos a cambiar a pesar de que no concluya su periodo constitucional, se puede terminar de manera voluntaria. Ésta es una decisión que no me ha dicho que la diga, pero ahora la digo con respeto, porque yo le tengo mucha confianza y hay profesionalismo. Hay un acuerdo de que vamos a ir a un cambio sin problemas, pero es un proceso”, dijo.
El hilo se rompe por lo más delgado
La bola de nieve que representa el caso del Mayo Zambada creció con la primera versión dada a conocer casi inmediatamente después del asesinato de Melesio Cuén, ocurrido el mismo día en que capturaron a Ismael Zambada García, el Mayo, en El Paso, Texas.
La versión se vino abajo con una carta atribuida al capo fundador del Cártel de Sinaloa, en donde advierte que fue traicionado en una supuesta reunión a la que fue convocado para mediar en el conflicto político entre Melesio Cuén y Rubén Rocha. En su carta, dijo, asesinaron a Cuén en el mismo sitio de la reunión.
El informe de la FGR provocó que las críticas llovieran sobre la dependencia a cargo de Sara Quiñónez, quien hasta antes de convertirse en fiscal fue jueza de control y enjuiciamiento, cargo desde donde forjó una reputación de firmeza en sus sentencias y en su conducta. Le llegaron a apodar “La jueza de hierro”.
Por eso, su elección como fiscal de Sinaloa era un paso obvio, impulsado por el mismo Rubén Rocha Moya a su llegada a la gubernatura, en una unión de su partido, Morena, con el PAS, fundado y liderado por Melesio Cuén.
Ahora, con su renuncia, el Congreso de Sinaloa sesionó con su diputación permanente. Dieron vista al proceso por mero trámite: la mayoría es morenista.
Ahora el cargo de forma interina lo ocupa Dámaso Castro Saavedra, quien hasta antes de la renuncia de Sara Quiñónez era vicefiscal.
El Congreso local ha declarado vacante el cargo de fiscal general de Sinaloa. En sesión extraordinaria celebrada la mañana del sábado 17 de agosto fue aprobada por unanimidad la renuncia voluntaria de Sara Bruna.
La segunda renuncia voluntaria que se da desde la creación de la nueva Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ya autónoma del Poder Ejecutivo, o al menos, en el papel, en las leyes que en el estado no se observan y se omiten.
