Pese a los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya había tumbado la “ley de protección de la vida desde la concepción” y dejado en evidencia el pobre trabajo del Congreso de Aguascalientes. Hoy nuevamente los y las diputadas locales aprueban nueva ley antiderechos reproductivos bajo el nombre de Ley para la Protección de la Vida y el “Fomento” de la paternidad y maternidad responsable.
Esta nueva Ley Provida, acaba de ser aprobada por el Congreso de Aguascalientes con 20 votos a favor y 5 votos en contra en un acto de desacato y violación a los derechos humanos reconocidos por el órgano supremo de justicia en la Nación.
La Ley Antiderechos Reproductivos del Congreso recorta el número de semanas para poder ejercer el derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo de 12 semanas a sólo 6.
Como lo dice en su posicionamiento la organización “Morras Help Morras”:
“Hace 8 meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a la misma Legislatura a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto voluntario hasta la semana 12. A pesar del claro mandato de la Corte, legisladores y la gobernadora se comprometieron en su momento a encontrar formas de obstaculizar el derecho al aborto, cayendo así en desacato y violando el principio de progresividad de los derechos humanos.”
https://x.com/helpmorras/status/1828633266590490729
Esta reducción del plazo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes obedece únicamente a la agenda antiderechos y ultracoservadora de los legisladores locales, de mayoría panista, pues como lo indica el comunicado firmado por diversas asociaciones civiles por derechos:
“Tratar de reducir a la mitad el periodo en el cual una persona puede decidir si continua, o no, con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida”
Por su parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes apunta que:
“Con estas acciones, las y los diputados castigan, criminalizan y obstaculizan el pleno ejercicio de uno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes: la interrupción voluntaria del embarazo.”
